Opción: 65 % de los uruguayos aprueba gestión del gobierno ante el coronavirus

La encuesta de Opción Consultores, presentada este miércoles en Telenoche 4, indica que un 65% de la población entiende que la respuesta del gobierno ante la emergencia sanitaria por el coronavirus Covid-19 fue «buena» o «muy buena”, un 14% indica no fue ni buena ni mala, mientras que solo un 9% indica que fue mala y un 12 % indica que fue muy mala.

Si se diferencia por votación en noviembre, entre los que votaron a Luis Lacalle Pou, el 71 % señala que la gestión ha sido muy buena y un 19 % señala que fue buena. Mientras tanto, entre los votantes de Daniel Martínez hay un 10 % que entiende que la respuesta fue muy buena y un 31 % que entiende que fue buena, es decir, solo un 41 % de aprobación.

Análisis

Dos tercios de los uruguayos aprueba la gestión presidencial de la emergencia sanitaria al cumplirse el primer mes de mandato.

Dos de cada tres uruguayos aprueban la gestión presidencial de Luis Lacalle Pou en el marco de la emergencia sanitaria y solo uno de cada cinco la califica «mala» o «muy mala». Estos son niveles de aprobación cercanos a los máximos que han existido en el país desde la reinstauración de la democracia a la fecha. Para encontrar guarismos similares debemos remontarnos al comienzo de la primera presidencia del Dr. Tabaré Vázquez en 2005, coincidente con la primera de las tres gestiones gubernamentales consecutivas del Frente Amplio.

Dos factores sobresalientes deben considerarse para explicar estos elevados niveles de aprobación: la etapa de gobierno y el tipo de shock que representa la pandemia. De un lado, nos hallamos en el período de «luna de miel» del gobierno con la ciudadanía. Desde la instauración del balotaje con la reforma constitucional de 1996, Uruguay sigue un patrón regular en sus ciclos de aprobación de gobierno. Sin importar su color político, los presidentes han iniciado sus mandatos con alto crédito de la ciudadanía. A este período de luna de miel ha seguido luego un declive de popularidad (aunque con variaciones importantes según el gobierno de turno) y finalmente se ha dado un repunte en los últimos meses de gestión. En el caso de Lacalle Pou, el alto respaldo de la ciudadanía ya se vislumbraba antes de la llegada la crisis del COVID-19 al país. Según nuestra encuesta de opinión pública de principios de febrero, 52% creía que Lacalle Pou realizaría una gestión muy buena o buena.

A las expectativas favorables existentes previas a la asunción se suma ahora un elemento inesperado: una pandemia de impacto global que cambió radicalmente la agenda inicial de gobierno así como su estrategia comunicativa con la ciudadanía. En la mayoría de estos países, la pandemia parece haber venido acompañada de un fuerte efecto cohesivo, en el que prevalece un sentimiento de unidad nacional («rally around the flag»), una mayor tolerancia hacia medidas con altos costos (como el distanciamiento social) y una tendencia al apoyo a los gobernantes por encima de barreras partidarias. De acuerdo a datos de diversos contextos, la mayoría de los presidentes han mejorado sus índices de popularidad, aunque cada uno partiendo desde niveles muy diferentes de aprobación previo a la llegada del COVID.

Es interesante el contraste de los niveles de aprobación presidencial uruguayo con el de sus dos grandes vecinos. De un lado, el caso de Alberto Fernández en Argentina tiene varias semejanzas con el de Lacalle Pou: su asunción es muy reciente, comienza con un saldo de expectativas ampliamente favorables y parece haber visto aumentada su popularidad a raíz de la llegada del COVID-19. Es decir, más allá de matices, las tendencias de aprobación presidencial que siguen Argentina y Uruguay son actualmente muy similares. En cambio, la situación del presidente brasileño Jair Bolsonaro contrasta de forma importante con la de sus pares rioplatenses. Bolsonaro, quien ya arrastraba un saldo negativo de aprobación, no ha logrado posicionarse más favorablemente ante la ciudadanía brasileña durante la crisis del COVID-19 y se mantiene estancado en niveles cercanos al tercio de aprobación según diversas mediciones de opinión pública.

El acuerdo con las medidas implementadas y atributos relacionados al liderazgo y comunicación son los principales motivos de aprobación. La insuficiencia de las medidas de distanciamiento social y de compensación socio-económica destacan entre los motivos de desaprobación.

Al evaluar los motivos de satisfacción e insatisfacción con la gestión de la emergencia sanitaria, entre la mayoría de quienes la aprueban, el haber tomado «decisiones adecuadas» tras la llegada de la pandemia es el principal motivo señalado, alcanzando un 28% del total de la ciudadanía. Vale destacar que las grandes medidas tomadas hasta ahora por el gobierno tienen una aprobación casi unánime, sin importar si se respalda o no la gestión de la emergencia sanitaria en general. Nuestra encuesta registra un 99% de apoyo a la suspensión de las clases, un 96% de aprobación al cierre de grandes establecimientos comerciales, otro 96% de acuerdo con el cierre de fronteras y un 91% de apoyo al seguro de paro flexible.

También destacan los motivos de aprobación presidencial relacionados a la capacidad de liderazgo y comunicación en el marco de la crisis. Por ejemplo, un 10% destaca la capacidad de respuesta del gobierno ante la crisis, es decir su ejecutividad, considerando que el gobierno actuó en forma «rápida y/o efectiva». En tanto, un 8% aprueba la gestión presidencial del COVID por considerarla «seria, responsable y/o comprometida».

Finalmente, un 7% destaca como principal motivo de satisfacción el acuerdo con las acciones de información y comunicación gubernamental. Respecto a esta dimensión, el actual Secretario de Presidencia Álvaro Delgado (cuyo papel como interlocutor del gobierno ante la ciudadanía y sociedad civil organizada ha sido central desde la llegada de la pandemia), es la figura de apoyo del presidente con más alto índice de aprobación. 71% evalúa la gestión de Delgado como buena o muy buena.

En cuanto a los motivos de desaprobación de gestión, el segmento de la ciudadanía insatisfecha se encuentra principalmente reclamando una profundización de las medidas de distanciamiento social. Para un 27%, la ausencia de medidas más drásticas es el principal punto débil del gobierno. Al indagarse más detenidamente qué tipo de medidas adicionales serían deseables, aparecen como demandas la aprobación de un decreto de cuarentena general obligatoria, un mayor control para quienes deciden vacacionar durante la crisis y sanciones a quienes paseen por la vía pública. Interesantemente, el pedido de medidas de profundización del distanciamiento social aparece no sólo entre quienes desaprueban la gestión sino también en un 30% de quienes la catalogan como «buena». Al mismo tiempo, el pedido de medidas más severas de distanciamiento tiene una fuerte segmentación política: entre quienes votaron a Daniel Martínez en el balotaje (en su gran mayoría electores frentistas), un 41% aboga por medidas más drásticas, triplicando al 14% de quienes lo hacen dentro de quienes votaron a Lacalle Pou en segunda vuelta. Hay, por último, otro 6% de la ciudadanía que desaprueba la gestión de la emergencia sanitaria por considerar insuficientes las medidas paliativas implementadas en favor de los trabajadores y población vulnerable. Aquí también hay un fuerte corte partidario: es básicamente un segmento de votantes del Frente Amplio (13% de los votantes por Martínez en el balotaje) el que desaprueba al gobierno por entender insuficientes las medidas socioeconómicas compensatorias del distanciamiento social y sus efectos sobre el mercado de trabajo.

En suma, el alto crédito habitual en tiempos de inicios de gestión, un clima de unidad nacional ante una fuerte adversidad visualizada como externa y grave, un set de medidas implementadas de amplia popularidad y un liderazgo al que se le atribuyen como virtudes la ejecutividad y claridad en la comunicación, conforman el contexto desde el cual debe interpretarse la alta aprobación actual hacia el gobierno nacional.

Desafíos, Perspectivas e Interrogantes del nuevo escenario de gobierno.

La emergencia sanitaria ha supuesto un giro de ciento ochenta grados respecto al escenario previo. El programa y la agenda de gobierno, elaborados en el marco de un trabajoso acuerdo inter-partidario dentro de la Coalición Muticolor, debieron ser suspendidos para el abordaje de la crisis sanitaria. Una de las interrogantes planteadas es qué sucederá con esa agenda de reformas y políticas públicas originalmente programadas, en áreas clave como la seguridad, la educación y la economía, en un entorno donde las metas fiscales originalmente anunciadas deberán ser pospuestas. Es previsible, por otro lado, que las políticas sociales dirigidas a los segmentos más vulnerables y el desafío de la reactivación de la economía se consoliden como prioridades de la nueva agenda púbica. En cualquier caso, es claro que el gobierno enfrenta el importante desafío de preservar un alto capital político y crédito ciudadano, principalmente pensando en afrontar las consecuencias socio-económicas de mediano y largo plazo resultantes de la pandemia. Se abren, en este sentido, varias interrogantes.

En primer lugar, una factible extensión de algunas medidas de distanciamiento social profundizaría los altos costos sufridos por amplios sectores de la sociedad uruguaya, incrementando los problemas derivados de la pérdida de fuentes laborales (tanto de trabajadores formales como informales), de la imposibilidad de generación de ingresos por parte de las empresas y del confinamiento en los hogares. Si esto ocurriese, la evaluación gubernamental pasará a depender en buena medida de la evaluación que la ciudadanía realice en torno a las medidas adicionales de compensación implementadas y del margen de maniobra gubernamental para implementar las mismas. Como ya ha quedado expuesto, las dimensiones compensatorias en juego son muchas y refieren, entre otros problemas, a la inasistencia de niños y adolescentes a institutos educativos, al cierre de comercios y servicios y a la sensible pérdida de ingresos y puestos de trabajo sufrida por trabajadores formales e informales. En segundo lugar, con el avance de la pandemia se generarán datos que permitirán una comparabilidad más potente de los efectos directos del COVID en los respectivos países. En este sentido, si los indicadores del impacto del COVID en Uruguay se presentaran comparativamente favorables, esto constituirá un espaldarazo a la gestión gubernamental.

Si, por el contrario, existieran problemas en el manejo de la crisis sanitaria (como una eventual saturación del sistema de salud y/o una tasa de mortalidad por encima de países similares), esto factiblemente impactaría negativamente sobre la aprobación gubernamental.

En tercer lugar, es una incógnita qué sucedería si el gobierno comenzara a profundizar la concreción de algunos planes previos mientras en paralelo lidia con la gestión de la emergencia sanitaria. Por ejemplo, el eventual tratamiento parlamentario de la LUC en las próximas semanas podría constituir un incentivo de movilización social y política opositora, implicando el riesgo de una caída de la aprobación de gestión por parte del segmento de electores frentistas que hoy apoyan al gobierno sobre la base de su gestión de la crisis sanitaria.

Por último, los estudios sobre aprobación gubernamental han destacado la prevalencia de los aspectos económicos a la hora de explicar la satisfacción o insatisfacción de la ciudadanía. La crisis de la pandemia constituye una excepción a esta regla, en la medida que el clima de cohesión social y la voluntad de sacrificio ciudadano incrementan la tolerancia a los costos económicos y postergan así demandas y expectativas que en contextos habituales tendrían primacía. Al tiempo de normalizarse relativamente la situación en el país (o en caso de prolongarse bastante la emergencia sanitaria), sería esperable que la marcha de la economía y la gestión de gobierno en la materia volvieran a ocupar un rol central en la explicación de la aprobación gubernamental. Cuáles serán los costos económicos de la crisis sanitaria, de qué duración será la recesión, cuán rápidamente se producirá la reactivación económica y qué grado de responsabilidad se otorgará al gobierno en los resultados observados constituyen preguntas clave para tener en consideración durante el seguimiento de la aprobación de gobierno en los próximos meses.

Ficha Metodológica

La información presentada proviene de una encuesta en redes sociales a 752 personas mayores de 18 años residentes en todo el país. La medición fue realizada entre el 30/3/2020 y el 4/4/2020 sobre la base de avisos en Facebook e Instagram. Los resultados se encuentran ponderados por sexo, edad, nivel educativo, región, y voto anterior del encuestado. Debido a los componentes no aleatorios de la encuesta, no es posible estimar márgenes de error estadísticos. La encuesta fue contratada por Montecarlo Televisión