Los costos políticos no pueden frenar que haya más y mejor Policía
Estamos atravesando por una situación de inseguridad como la que hace años no teníamos.
Esto preocupa y mucho, pero sobre todo, esto implica un llamado de atención a las autoridades policiales y políticas del Ministerio del Interior a tomar medidas, reordenando la política de seguridad que tanto dijeron que pretendían cambiar.
En las elecciones del año 2014, Tabaré Vázquez anunció que si ganaba las elecciones, las rapiñas que por ese entonces estaban asolando el país y en particular a Salto, iban a descender hasta en un 30%.
Vázquez ganó su segunda presidencia, dejó a Eduardo Bonomi como ministro del Interior y a su hermano Jorge Vázquez como subsecretario de la cartera, porque ponderó la gestión de ambos que ya venían del gobierno de José Mujica.
Sin embargo, las rapiñas no solo que no bajaron un 30% sino que subieron y mucho. En Salto que se daban entre 12 y 15 asaltos a mano armada por año, pasaron a registrarse cerca de 200 en un solo año.
La situación llevó a la gente a las calles y a que el intendente de Salto, Andrés Lima, gestionara en la capital la idea de un cuartel de la Guardia Republicana en esta zona del país, a la que luego Salto Grande le prestó un espacio que tenía sin uso.
Pasaron los años, y sobrevino un nuevo gobierno al que a los 13 días de asumir le cayó la pandemia más grande y compleja que se recuerde, y que encerró a la gente en sus casas.
Y ahí hasta los delincuentes se quedaron quietos por un tiempo por temor a contagiarse y el efecto encierro hizo que al haber gente en las casas, los robos disminuyeran y también las rapiñas.
Aunque pasada la pandemia y empezar a transcurrir la vida con normalidad, los delitos volvieron a aumentar y pese a que el gobierno mantiene la línea de que «a la delincuencia se le terminó el recreo», como expresó un Lacalle Pou candidato en el recordado acto del Parque Viera en las internas del 2019, los hechos de violencia y la criminalidad no bajan.
Estamos asistiendo a una ola de homicidios que nos golpea y de cerca, algo que genera temor e inseguridad entre la población, y que requiere de una estrategia de mayor rigor y control en las calles por parte de la Policía.
La LUC fue una herramienta que impulsó a poner en foco la posibilidad de una cultura de mayor mano dura, pero es algo que la política invalida y si se está cerca de las elecciones más aún, algo que pasa a ser un verdadero riesgo para la gente que quiere vivir en paz.
La delincuencia se está soltando cada vez más, la población quiere vivir segura y el Ministerio del Interior no debería medir costos políticos para esto, debe aplicar el rigor, sobre todo, cuando en su momento criticaron a sus antecesores por hacerlo y habilitar una ola de criminalidad a la que nadie quiere volver.
Estamos en un momento donde la educación y la contención de los sectores vulnerables, que nadie los niega como necesarios, no son la prioridad, porque si los recursos de la gente se invierten en más y mejor Policía, todos estaremos de acuerdo.
