Acusaciones por montos para Salto Grande desnuda «jugosos retiros» de ex funcionarios
«No voy a gastar pólvora en chimangos», expresó el vicepresidente de la Delegación del Uruguay de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, Nicolás Irigoyen, cuando fue consultado por un periodista en una conferencia de prensa, sobre la partida de 200 millones de pesos que recibió Salto Grande en diciembre del año pasado, por parte del Poder Ejecutivo.
Si bien la pregunta fue para el presidente de la delegación uruguaya Carlos Albisu, fue Irigoyen el que tomó la palabra y expresó: «no voy a gastar pólvora en chimangos» ante la sonrisa de algunos de los integrantes de la delegación que acompañaban la ocasión. Aunque el jerarca explicó que ese dinero «se recibió en el marco de un convenio para el proceso de Renovación Salto Grande» en el que está embarcada la represa por cuestiones de aggiornamiento.
Y admitió que cada año se van a seguir recibiendo partidas que tienen como destino cumplir con ese compromiso, que está desarrollando Salto Grande en ambas márgenes del río Uruguay. Afirmando que el gobierno uruguayo «está cumpliendo» con los montos acordados para tal fin.
Estas declaraciones, ameritaron entre otras críticas, la del ex secretario de la Delegación del Uruguay de la CTM de Salto Grande, Andrés de la Iglesia, que ocupó ese mismo cargo durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio.
De la Iglesia, llegó desde Montevideo en 2005 de donde es oriundo, como militante frenteamplista que tras la conquista del primer gobierno de izquierda, fue designado en la CTM, como un cargo político, puesto que no dejó durante los tres períodos consecutivos, ya que adquirió la calidad de funcionario de la CTM.
Pero en un escrito enviado al diario local, El Pueblo, que fue publicado por ese medio hace algunos días, el ex funcionario político de la administración de izquierda de la CTM, acusó a la actual delegación de «no decir toda la verdad», diciendo que el monto de 200 millones de pesos recibido en diciembre, son tal como lo señala la resolución que los otorga como «refuerzos para la ejecución presupuestal 2022».
Y sostiene que hay un «déficit histórico» en Salto Grande por la «importante cantidad de personas que han ingresado» a cumplir funciones durante la actual administración.
Pero esto que escribió De La Iglesia, que además fue edil del Frente Amplio en Salto y actualmente colabora en el consejo de la Fundación Salto Grande, una organización que reúne fondos para colaborar con la comunidad, fue negado por funcionarios de jerarquía de la CTM que señalaron que «hay una motivación partidaria del ex funcionario político de Salto Grande de querer desprestigiar» a quienes ocupan actualmente esos cargos.
Y sostuvieron además que si bien Andrés de la Iglesia podía haberse retirado de Salto Grande cuando culminó la gestión del Frente Amplio en la CTM, el 28 de febrero del 2020, «porque si bien adquirió la calidad de funcionario, él era parte de la administración política de la represa», las autoridades que entraron en ese momento «acordaron que permaneciera hasta que pudiera avanzar con el proyecto Energimundo», que entienden que tal como fue entregado en 2020 era «un clavo que tenía la delegación y que los que estaban antes no pudieron resolver».
Según revelaron fuentes de la CTM a laguardia, en junio del 2020, Andrés de la Iglesia firmó un «acuerdo de desvinculación», pero en el que se trazó un tiempo de duración antes de su salida para cumplir una condición. El plazo de salida acordado por las partes fue el 30 de noviembre de 2021 y la condición era «dejar en funcionamiento Energimundo».
Pero tras su salida definitiva de Salto Grande, luego de más de 1 año y medio de seguir desempeñándose en la CTM con la actual administración, al ex secretario de la delegación uruguaya de la CTM durante los tres períodos del Frente Amplio, «se le cumple un acuerdo económico por el que se le abona una mensualidad que supera los 300 mil pesos uruguayos, además de salario vacacional y aguinaldo», añadieron los informantes.
«Esto es tras un acuerdo de desvinculación, algo que seguirá cobrando por algunos años más, por lo cual lamentamos que en vez de trabajar por el desarrollo regional, solamente se disponga a criticar», indicaron desde Salto Grande.
Fuentes consultadas por nuestro medio sostienen que si bien el acuerdo al que arribó De la Iglesia «es jurídicamente válido», porque el ex secretario de la delegación uruguaya llegó a revestir con el correr del tiempo la calidad de funcionario de la CTM, «lo que puede llegar a constituir en todo caso, es que sea algo éticamente reprochable».
Pero añadieron que «eso es una cuestión subjetiva, ya que es el mismo caso de tantos otros que durante años entraron a Salto Grande por cuota política, se quedaron después como funcionarios y siguieron cobrando jugosos retiros como el que se le reprocha ahora a De la Iglesia».
