Al revés del pepino, como no pueden dar con el que filtra, hostigan al que recibe

Investigar a una persona que no está vinculada a ningún tipo de delitos y por el mero hecho de ser receptora de información, es algo que por lo menos está mal. Sobre todo si el que ordena la investigación contra esa persona es el Estado, que se supone que está para garantizar y respetar las libertades individuales.

El caso del periodista Eduardo Preve sería entendible si pasara en una dictadura como la de Cuba o en regímenes autoritarios como Venezuela, o si nuestro país volviera a los años 70, entendible que no quiere decir compartible, sino que uno entendería que ese tipo de prácticas se practiquen en ese tipo de regímenes ya que serían adecuadas en esos casos.

Pero si para saber qué o quiénes son los funcionarios públicos de una administración, organismo o ente estatal que filtran una información, en vez de emplear prácticas que ayuden a las autoridades a saber de dónde proviene esa fuga, o intervenir los teléfonos de esa oficina pública, lo hacen con un ciudadano al que le llega la información, están vulnerando sus derechos y garantías, violando derechos humanos y aplicando una intervención ilegal en la vida de esa persona, la que además no cometió ningún delito como para ser intervenido por el Estado.

Este es el caso del periodista Eduardo Preve, quien descubrió y confirmó que para saber quién le filtra datos desde la Fiscalía o desde la propia Policía, datos que son de relevancia y por ende de interés para el público, el Ministerio del Interior, el Estado, ordenó investigarlo a él, con el fin de poder dar con el funcionario que filtra información.

Todo, porque ese funcionario que filtra información estaría cometiendo una falta administrativa «grave», ni siquiera un delito, sino una falta. Y para eso, como no lo pueden agarrar, deciden investigar al periodista.

O sea, las cosas totalmente al revés. En vez de buscar al que comete la «falta grave» por filtrar datos, buscan al que los recibe, porque encima éste último, como es periodista, está amparado en el secreto profesional que establece la ley 16.099 y no está obligado a revelar quién es su fuente y eso les impide llegar a ese funcionario que oficiaría de fuente del periodista.

Con esta acción, que vulnera los derechos humanos más elementales de una sociedad y empaña la calidad de una democracia, poniendo en riesgo la intimidad del periodista, su derecho a preservar la fuente y trabajar con la libertad que le amparan sus más legítimos derechos constitucionales en el que se ha basado nuestro país desde sus inicios, el Estado se pasa de la raya y viola derechos fundamentales sin importarle absolutamente nada, con tal de justificar la inoperancia de no poder dar con el tipo, o los tipos, que le filtran datos al periodista en cuestió.

Es de novela, «de Ripley», dijeran en mis tiempos de la infancia, en referencia al entonces conocido programa televisivo de los años 80, que se llamaba «Aunque usted no lo crea».

El ministro del Interior, debería frenar ya mismo la investigación contra un periodista en tiempos de democracia, ya que esas prácticas son dignas de las dictaduras y tendría que pedirle disculpas al periodista, por tratarse de un ciudadano común siendo investigado injustamente. Y también tendría que pedírselas al pueblo uruguayo, por la inoperancia demostrada de sus funcionarios al no dar con el sujeto al que quieren atrapar.

Estamos con las patas para arriba, las cosas no son así, son justamnente al revés, investiguen en sus oficinas a ver quién filtra datos y no al periodista que las recibe y que entiende que la gente los debe saber.

Y encima, algún referente político del gobierno nacional en Salto, dice que los periodistas deben ser investigados por revelar información. Menos mal que no ostenta cargo de gobierno alguno, porque en Uruguay no encaja con ese pensamiento, seguro que en Cuba o Venezuela lo aplauden a dos manos.

Hugo Lemos