¿Los mandarán a barrer la plaza de Artigas?, se preguntó el ex fiscal Jorge Díaz sobre Caram y Dos Santos

La trama del manejo discrecional de los recursos públicos de la Intendencia de Artigas, tuvo innumerables repercusiones públicas.

Entre ellas, un duro cuestionamiento del ex fiscal general Joreg Diaz, quien se quejó por la liviandad de las penas y afirmó que el hecho de que sean así, es responsabilidad de los diputados y senadores que penalizan más a una mujer pobre, que a quien se lleva dinero del Estado.

En su cuenta de la red social X, Jorge Diaz publicó «a luz de la condena de Pablo Caram, Rodolfo Caram y Valentina Dos Santos en Artigas: 1) Perdimos una oportunidad histórica para impulsar la reforma constitucional impulsada para impedir el ingreso a dedo en las intendencias. Todavía no entendí la razón que motivó la decisión».

Y siguió: «2) El derecho penal es altamente selectivo tanto normativa como funcionalmente y por eso nuestras cárceles está llenas de jóvenes, pobres, analfabetos y adictos. La selectividad normativa por la que conductas graves cometidas por funcionarios públicos tienen penas tan bajas es responsabilidad de los legisladores».

«Hay mujeres pobres presas 4 años por entrar 50 gramos de marihuana a la cárcel y los que se afanan ocho millones (de pesos) hacen tareas comunitarias. ¿Los mandarán a barrer la plaza de Artigas?», expresó.

«El país tiene una deficiente normativa de control de financiamiento de los partidos políticos y un pésimo control de la aplicación de esa normativa. El monto de las horas extras que no se hicieron ¿fue financiamiento?», se preguntó. Y agregó irónicamente «pero estamos mejor que antes que no teníamos nada».

Terminó afirmando que «todos los delitos de corrupción son precedentes del lavado de activos. (Pero) desconozco la existencia de una investigación de lavado de activos para determinar dónde terminaron los ocho millones que salieron de las arcas del estado por horas extras inexistentes».

Y volvió a ironizar «imagino que las autoridades competentes ya estarán en Artigas para apoyar al órgano persecutor en la tarea de investigar dónde terminaron (los 8 millones de pesos en horas extras) y tratar de recuperarlos».

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