La soberbia y las vacunas, un daño mayor al esperado
La soberbia con la que actuó el gobierno nacional ante el pedido de un juez, resultó generando un lío mayor al esperado y un daño más grande del que se pensaba. Hoy el Uruguay es centro de atención en el mundo, porque un magistrado ordenó la suspensión de la vacunación contra el COVID a niños, tras no recibir un informe solicitado al gobierno y a los laboratorios sobre el contenido de las mismas.
Ese juez, Alejandro Recarey no es un juez cualquiera. En el año 2004, cuando cumplió el rol de juez letrado de la capital, en calidad de suplente porque el titular estaba bajo tratamiento oncológico, comenzó una maratónica citación de militares que estaban vinculados a la represión durante la dictadura, lo que provocó el temor de los mismos y su acuartelamiento, con el fin de no acudir al llamado de la justicia por temor a ir presos e invocando la vigencia de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado.
En ese momento, el lío con Recarey fue tan grande, que tuvieron que intervenir hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia para impedir que el magistrado siguiera con ese tipo de actuaciones. Algo que en los años siguientes pudo cumplirse, porque el parlamento, ya con mayoría absoluta del Frente Amplio, aprobó la ley que configuraba un delito a la desaparición forzada y aprobó los protocolos internacionales que establecían que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, entonces comenzó la escalada de detenciones que terminó con varios torturadores presos.
Pero eso quedó atrás, y ahora Recarey fue por otro golpe grande. Tras recibir denuncias de que los componentes de las vacunas que se aplican a los niños contra el COVID, no están del todo claros, solicitó al gobierno nacional un informe que aclarara este punto y otros aspectos que hacen a la adquisición de las mismas con los dineros de los contribuyentes.
Aunque sobre todas las cosas, que el ministro de Salud, Daniel Salinas y el laboratorio Pfizer, brindaran información detallada al respecto, algo a lo que todos se negaron por razones que no pudieron ser justificadas ante el magistrado, el cual ordenó de inmediato que se cumpla con la entrega de la información y mientras tanto, se suspenda el proceso de vacunación contra el Covid a niños y adolescentes.
Una vez esto, el gobierno nacional puso el grito en el cielo y si bien dijo que la decisión «se acata», también entendieron que la misma «puede ser cuestionada» y por lo tanto el secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, dijo que la misma «era un disparate». También lo dijo el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que se solidarizó con el gobierno en este caso concreto.
Pero Recarey por ahora, sigue pisando más fuerte y esta vez fue por todo. El gobierno sin embargo, por decirle que no a la justicia y no querer bajar un escalón de su posicionamiento público, generó un conflicto que termina dañando (o quizás salvando) no solo a los niños de nuestro país, sino también causando un perjuicio innecesario a su imagen internacional.
Laguardia
