Abogado afirma que confiscar el vehículo a un conductor por alcoholemia es «ilegal»
Un abogado salteño presentó ante la Junta Departamental de Salto, una iniciativa para que se declare la ilegalidad del decreto que permite confiscar vehículos a los conductores, cuyo test de alcoholemia les da resultado positivo.
Se trata del Dr. Ignacio Supparo Teixeira, quien a raíz de un episodio sufrido en la vía pública cuando conducía su vehículo, analizó la situación desde el punto de vista jurídico y elaboró un documento en el cual fundamenta que la confiscación de los vehículos que realiza la Intendencia de Salto, es desde su punto de vista «ilegal» y que por lo tanto, insta a que la comuna cese este tipo de acciones.
Según pudo saber laguardia, Supparo, que es abogado de profesión y ejerce en el área jurídica de Salto Grande, se desplazaba en su automóvil particular en las inmediaciones del local de Salto Padel, ubicado en la avenida Juan Pablo II casi Catalina Harriague de Castaños, cuando un viernes por la noche salía de practicar ese deporte y fue detenido por un puesto de control del cuerpo inspectivo, momento en el que se le practica una prueba de espirometría, que arrojó positivo, aunque con muy poco rango entre el 0 y el nivel que arrojó la prueba.
Si bien adujo que «no había consumido alcohol ya que además venía de practicar deportes, para lo cual contaba con testigos», los funcionarios le señalaron que el vehículo quedaba incautado, que llamarían al servicio de grúa y que «la Intendencia no se hacía responsable por los daños que sufriera el vehículo», algo que también tiene inconsistencias legales.
Supparo sostiene que hay una «clara acción ilegal» por parte de la Intendencia de Salto en su política de mantener una normativa que, si bien tiene más de una década vigente, lo que hace es «vulnerar» el derecho de propiedad de las personas y «no pueden», según considera el abogado, apropiarse del derecho de las personas a no entregar su vehículo, sino a acatar la multa y que el mismo sea conducido a destino, por alguien más, que esté en condiciones de manejar.
Pero advierte que la confiscación del automóvil y el posterior levantamiento del mismo por un camión guinche, son una clara «violación a los derechos vigentes» de los ciudadanos.
Por lo cual entregó un proyecto a la Junta Departamental de Salto con la finalidad de que los ediles de todos los partidos políticos, analicen esa propuesta con un importante sustento jurídico.
