Confuso caso que involucra a ciudadano sirio terminó con la imputación de seis personas
Seis personas fueron imputadas con medidas cautelares luego de un caso de riña generalizada en un comercio del barrio Salto Nuevo, el hecho llamó la atención por participación en el conflicto de uno de los ciudadanos sirios que viven en nuestro departamento y que llegaron al país en calidad de refugiados de la guerra en su país en el año 2011.
Si bien la situación aún es confusa y promueve un reclamo desde la familia de los ahora imputados, por cuestionar una apropiación presuntamente indebida por parte de los denunciantes, el caso se siguen analizando ante la Fiscalía para dikucidar qué es lo que está pasando con este hecho.
Lo concreto ahora es la denuncia presentada ante la Policía de Salto el pasado lunes en horas de la tardecita, cuando en el local ubicado en el cruce de las avenidas Manuel Patulé y Benito Solari por una riña generalizada, en el lugar se procedió a la detención de cinco hombres y una mujer, seis personas en total.
Los hombres de 32, 47, 54, 56 y 59 años de edad y la mujer de 52 años de edad. la Policía habló con los denunciantes, una mujer de 36 años, de nacionalidad uruguaya y un hombre de 30 de nacionalidad siria, los que manifestaron que arribaron a la verdulería en la que trabajan habitualmente, causaron daños y los agredieron a golpes de puño.
Si bien los familiares tienen otra versión de los motivos por los cuales sucedió este enfrentamiento, estos no fueron planteado por la defensa de los detenidos ante el juzgado penal, para poder así ayudar a dilucidación de este caso.
Por tal motivo, el Juzgado Penal de 2° Turno de Salto informó que tras «lo solicitado por la Fiscalía y sin oposición de la defensa, se hizo lugar a las medidas cautelares previstas en el Código del Proceso Penal para las seis personas detenidas, las cuales consisten en: Fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al tribunal. Prohibición de acercarse a las víctimas (denunciantes en este caso), a sus domicilios particulares y laborales, en un radio de 200 metros, así como la prohibición de relacionamiento y comunicación con los mismos por cualquier medio.
Las medidas tienen una duración inicial de 120 días bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desacato. Las mismas vencen el 2 de junio próximo. Los imputados quedaron en libertad.
Pese a esto, los familiares de los presuntos agresores insisten en que la versión de los hechos es diferente y exigen la entrega de un predio que los mismos ocupan actualmente. El caso aún está en la justicia y en principio la defensa de los imputados no lo planteó así ante el tribunal.
