Crisis Judicial
Opinión del Dr. Pablo Ferrero Almirati.
Hechos recientes y no tan recientes dan cuenta del grave daño que puede ocasionar una sentencia judicial dictada por un juez que ha perdido la imparcialidad para juzgar.
El juez, como decía un notable jurista Argentino: Adolfo Alvarado Velloso, es la persona con más poder sobre los ciudadanos en un sistema democrático republicano, tiene más poder que el Presidente de la República, el juez puede ordenar el ingreso al domicilio, puede detenernos, puede encarcelarnos, decide sobre quien es el progenitor que tendrá la tenencia de los hijos etc., todo ello lógicamente está vedado al Presidente, sus ministros y cualquier otra autoridad.
El poder del juez debe hacer reflexionar a la hora de legislar, porque como hemos visto lo ejercen, y en algunos casos (los menos por ahora) de forma parcial, todo lo cual pone en riesgo nuestros derechos, por tanto, ojo aquellos que piensan que otorgando un poder inquisitivo al Juez se van a solucionar los problemas de seguridad etc.
Recarey dio cuenta de lo que venimos advirtiendo, en efecto, suspendió un sistema de vacunación avalado por el Presidente de la República, el Ministro de Salud Pública, un grupo de científicos expertos y la experiencia recabada a nivel mundial, se llevó por delante todo lo que empíricamente estaba comprobado y ello en función de su creencia individual, su postura filosófica y el poder que la Constitución y la ley le otorgan.
Luego del episodio “Recarey” el poder judicial volvió a convulsionarse, ahora le tocó el turno a la Suprema Corte de Justicia, decretó la inconstitucionalidad de la ley 19.830 que establecía normas para la carrera judicial, entre las más destacadas: el sistema de asenso por concurso de los magistrados.
La ley contaba con la aprobación del gremio de magistrados que se alzó contra la Suprema Corte y acudirá a organismos internacionales, para que recomienden al Estado establecer de forma clara y precisa las pautas de los ascensos en la carrera judicial.
En lo personal comparto la resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), debe reivindicarse un Poder Judicial autónomo y sin injerencias del sistema político, es más, debe avanzarse en la determinación de un presupuesto ajustado a las necesidades del Poder Judicial (PJ), que históricamente ha estado relegado en comparación al Poder Legislativo (PL) y Poder Ejecutivo (PE).
Dicho esto, debe considerarse que la reglamentación que ilegítimamente realizó el parlamento, obedecía al legítimo reclamo de los magistrados que vienen solicitando más transparencia en los asensos de los jueces; el reclamo es justo y necesario, la garantía para los jueces es una carrera judicial reglamentada, y la garantía para el justiciable es que los jueces asciendan por sus méritos, y no por el arbitrio de las cortes.
Dr. Pablo Ferreira Almirati
