Desde una “crisis” que empezó a sentirse en 2015, la situación financiera de la Caja de Profesionales pasó a ser “cada vez peor»

El objetivo principal que persiguen en la actualidad los directores y funcionarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) es lograr la sostenibilidad financiera a largo plazo de este organismo paraestatal. Una de las estrategias fundamentales a definir es cómo incentivar a los más de 70.000 profesionales con declaración de no ejercicio para que comiencen a realizar aportes.

La dirección de esta caja suele insistir en que el panorama financiero actual ofrece viabilidad hasta el 2030. Lo deseable “es que la situación económica y financiera de cualquier organismo de seguridad social tenga, por lo menos, entre 20 y 30 años de viabilidad”, dijo a Búsqueda el director en representación de los pasivos de la CJPPU, Robert Long. Los esfuerzos por lograr una sostenibilidad permanente se traducirán en el texto de un proyecto de reforma estructural en la que trabajan desde hace varios meses.

En una sesión del Directorio del 7 de mayo, el gerente general, Miguel Sánchez, reconoció las limitaciones de la reserva económica de la de la CJPPU, que alcanza para cubrir “10 meses de pasividades”. Informó que “las reservas líquidas” son de US$ 40 millones. Esto se suma al perjuicio económico que provoca el aumento sostenido de las declaraciones de no ejercicio de los profesionales en los meses recientes debido a la pandemia de Covid-19 (en abril fueron 138% más que en el mismo mes de 2019). Sánchez dijo que el organismo vive una “crisis” que comenzó a sentirse en 2015, cuando registraba un déficit mensual de $ 180 millones. Advirtió que la situación podría agravarse por la incidencia de la pandemia en los ingresos y de los egresos de la caja, si crecen las solicitudes de prestaciones básicas.

En la misma sesión, integrantes del directorio intercambiaron opiniones con el gerente general acerca de tomar un préstamo del Banco República (BROU). Esa opción —hasta $ 1.000 millones— se descartó por ahora, sería una alternativa a futuro si la situación se agrava.

Long planteó que no hay conciencia de las dificultades económicas de la CJPPU. Manifestó sorpresa por la cifra del posible préstamo, ya que creía que podía tratarse de un monto que le diera al organismo previsional “una enorme tranquilidad por lo menos por dos años”. Consideró que US$ 23 millones (aludiendo a los $ 1.000 millones) “no es nada”, y que se imaginaba una cifra de entre US$ 150 millones y US$ 200 millones. “La evolución de los hechos está diciendo que la caja está cada vez peor”, agregó, según surge de las actas.

Consultado por Búsqueda, Long ratificó que la situación sigue siendo “muy delicada”. Recordó la propuesta de él y de otros integrantes del Directorio cuando se desató la pandemia, de promover un diálogo con el equipo económico de gobierno para evaluar la posibilidad de acceder a un crédito, “ya que el Poder Ejecutivo estaba logrando préstamos de organismos internacionales”, contó Long. La idea era solicitar un monto de entre US$ 100 millones y US$ 150 millones “a los efectos de que la caja quedara resguardada”, explicó. Los directores que promovieron esta idea lo hicieron sobre la base de que muchos profesionales activos podrían tener problemas para hacer sus aportes. Esa presunción estaba en lo cierto, y por eso el organismo ofreció posibilidades de postergación de pagos. Sin embargo, la moción de solicitar un préstamo fue rechazada por mayoría en el directorio.

Long dijo a Búsqueda que la caja puede subsistir entre 10 y 12 meses ante una “situación urgente”, haciendo uso de la totalidad de sus reservas actuales. El organismo no se ha visto en la necesidad a acudir a esos recursos porque sigue teniendo ingresos operativos. Sin embargo, opinó que sería conveniente que esté preparada.

Gastos y maestría

Si bien Long sostuvo que el manejo general de los gastos en la CJPPU es correcto, algunos han sido cuestionados por integrantes del directorio en diversas ocasiones. Tal es el caso del sueldo del gerente general que, según informó Búsqueda la semana pasada, en enero de este año ascendía a $ 715.900 nominales entre salario y compensaciones en función del convenio vigente. Eso excede los topes legales vigentes, relacionados con la remuneración del presidente de la República.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo a Búsqueda que aún no se ha discutido esa situación de ilegalidad en el Poder Ejecutivo. “Pero tomamos nota, sabemos que es un tema que está arriba de la mesa y en su momento vamos a analizarlo”, aseguró.

En junio de 2019, otro gasto ocasionó debate en una sesión del Directorio de la CJPPU. El presidente de aquel entonces, Gerardo López Secchi, informó sobre una invitación del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social que había recibido el gerente general para realizar una maestría en Administración. El curso, de modalidad semipresencial y de dos años de duración, tendría un costo de US$ 7.646, sin incluir gastos de traslado y alojamiento.

Uno de los integrantes del Directorio de ese momento, Walter Corbo, planteó que si bien la maestría no sería un gasto, sino una “inversión”, no era el momento adecuado para realizarlo. López Secchi discrepó y sostuvo que los sistemas de seguridad social se encuentran en problemas y enfrentarían reformas.

Otro director, Óscar Castro, decidió no acompañar la propuesta, haciendo notar que la maestría implicaría dos viajes a México, aparte de los más de US$ 7.000. El director Odel Abisab también se manifestó en contra, aludiendo a diferencias “conceptuales, prácticas y operativas” en los últimos dos años. Además, consideró inadecuado que se estuviera “facilitando” esa erogación, habiendo temas sin resolver vinculados a “la gestión, que está a cargo, naturalmente, de acuerdo con el organigrama, de la Gerencia General”.

Por cuatro votos positivos contra tres negativos, el Directorio aprobó la participación del gerente general en esa maestría. Los directores que votaron en contra hicieron uso del artículo 8 de la Ley Orgánica de la CJPPU, que implica la remisión del tema al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Según la resolución de octubre de 2019 a la que accedió Búsqueda, esa cartera dio el visto bueno para los gastos en esa maestría al considerar que la resolución estaba “ajustada a derecho”.

(Semanario Búsqueda)