Gobierno destituyó a alto mando militar por haber tenido acciones en la dictadura
Mientras el Frente Amplio había designado al general Daniel Castellá como Jefe del Estado Mayor de la Defensa (ESMADE), entre los años 2012 y 2014, cuando el ex líder tupamaro, José Mujica, era presidente de la República, éste guardaba sobre sus hombros un secreto a voces, que ya tenía una sentencia u que no era tenida en cuenta por parte del gobierno de la época.
Había sido uno de los participantes del interrogatorio al médico Vladimir Roslik, oriundo de Río Negro, que fue el último detenido por la dictadura militar en el año 1984 por su condición política y tras ser torturado falleció como consecuencia de las heridas recibidas.
Mientras el Ejército seguía cometiendo delitos de lesa humanidad, los partidos políticos en el Uruguay se preparaban para el retorno a una instancia electoral, la de 1984, en las que fueran candidatos Julio María Sanguinetti, Alberto Zumarán y Juan José Crotoggini, entre otros.
Si bien Sanguinetti resultó triunfador junto al Partido Colorado en esas elecciones, Zumarán ofició como el candidato del Partido Nacional por estar proscrito Wilson Ferreira Aldunate preso en una cárcel de Flores, tras su retorno al país luego de un exilio de 11 años por varios países del mundo, y Crotoggini lo fue por el Frente Amplio al estar también prohibido el Gral. Líder Seregni, quien estuvo preso durante 10 años en una cárcel de Montevideo, tras negarse a abandonar el país como se lo exigían los que encabezaron la dictadura.
Pese a todo, las cosas siguieron su curso y en las últimas horas, el ministro de Defensa, Javier García, calificó de «incompatible» que quien ocupara la presidencia del Supremo Tribunal Militar sea la misma persona que estuvo presente durante el interrogatorio al médico Vladimir Roslik, que se desarrolló en abril de 1984, y aseguró que ese fue el motivo por el que se resolvió la destitución del general retirado Daniel Castellá.
«Nos parece que es lo que corresponde y por eso le solicitamos la renuncia al general Castellá», expresó el jerarca este miércoles durante un rueda de prensa que tuvo lugar en las instalaciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
El secretario de Estado anunció que esta mañana se comunicó con el fiscal de Corte Jorge Díaz, para coordinar el envío de la sentencia emitida en el año 1986 y que da cuenta de la participación del general retirado en el interrogatorio.
«Lo que corresponde, como le dije al doctor Díaz, es trasladar estos elementos para que él determine en su calidad de fiscal de Corte los pasos a seguir», dijo el jerarca.
El ministro indicó que Castellá le negó su participación en el interrogatorio, pero explicó que se tiene que regir por los documentos donde quedó registrada su presencia. Sin embargo, el ahora ex presidente del Supremo Tribunal sí aceptó haber sido el encargado de coordinar el traslado de Roslik.
«Yo tengo un documento que dice como hecho probado que estuvo y yo no puedo guiarme ni por sentimientos, ni por opiniones personales o subjetividades. Tengo que manejarme por las objetividades, que es lo que el Estado de derecho me pide», explicó.
García indicó que estos documentos salieron a la luz mientras se realizaba el trabajo preparatorio de un pedido de acceso a la información realizado por el periodista Leonardo Haberkorn.
«En la noche del lunes, en el ministerio, el director que se encarga de hacer las respuestas nos trajo un documento que apareció en el archivo, que es la sentencia del Juzgado Militar de Primera Instancia, que actuó en el año 1986 en la investigación del asesinato de Roslik.
En la sentencia, indicó el jerarca, están establecidos los delitos que le imputó la Justicia militar a dos oficiales. «En los resultandos, como hechos probados, hay una serie de circunstancias, entre ellas que estaba probado que en el interrogatorio estuvieron presentes -además de quien llevó el interrogatorio- diez oficiales más, entre ellos el general Castellá».
Castellá, que se encontraba en su cargo desde 2017, fue además jefe del Estado Mayor de la Defensa entre 2012 y 2014. Su nombre aparece también en un informe periodístico de la revista Jaque, del 10 de agosto de 1984, como uno de los dos militares que detuvieron a Roslik en abril de ese año.
El médico de San Javier, que fue el último detenido asesinado por la dictadura militar, murió producto de la tortura en Fray Bentos (Río Negro) en el año 1985.
