Lima impulsa convenios laborales para jóvenes privados de libertad
Hace algunos meses, el intendente de Salto, Andrés Lima, participó en la capital del país en la firma de un convenio entre la Intendencia de Salto y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), con el propósito de brindar oportunidades laborales a personas privadas de libertad. A través de este acuerdo, dos jóvenes se sumaron al equipo de trabajo de la cuadrilla perteneciente al Departamento de Desarrollo Social.
Lima destacó que la formalización de este convenio implicó un proceso técnico e interinstitucional de gran relevancia, con un seguimiento constante e informes detallados sobre las personas consideradas para formar parte de esta iniciativa. Esta colaboración es abordada con un alto grado de responsabilidad, dado que ha requerido un seguimiento minucioso llevado a cabo por profesionales del Departamento de Desarrollo Social y expertos del INISA.
En este sentido, Regino López, director de Desarrollo Social, afirmó: «Hemos logrado establecer dos posiciones para la integración de personas privadas de libertad en las labores de nuestro departamento».
Esta iniciativa inaugural tiene como propósito sentar las bases para su repetición en un futuro cercano, y se espera que se replique con la población del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), con el fin de crear oportunidades de pasantías y experiencias laborales en Salto.
En el marco de sus responsabilidades, el INISA colabora con diversas entidades públicas y privadas para otorgar a los adolescentes y jóvenes una segunda oportunidad, permitiéndoles alcanzar una inserción efectiva en la sociedad y en la comunidad.
Con respecto al convenio suscrito con la Intendencia de Salto, el enfoque principal es la generación de prácticas educativas y laborales que posibiliten a los participantes adoptar una cultura de responsabilidad en el ámbito laboral.
La política adoptada se centra en brindar oportunidades con un trasfondo filosófico e ideológico. Se apoya la idea de que las personas que han experimentado privación de libertad merecen opciones de reinserción que trasciendan las meras intenciones o acuerdos gubernamentales e institucionales. Es imperativo que estas oportunidades sean experiencias tangibles y realizables, según concluyó López.
