Lima se reunió con compradores de Citrícola Salteña y les pidió mantener los puestos de trabajo

La venta de la firma Citrícola Salteña en más de 36 millones 850 mil dólares a una firma norteamericana, trajo aparejado mucha expectativa en Salto, sobre todo para conocer el futuro destino de ese emprendimiento emblemático de este departamento, que llevó desde el inicio el apellido de una reconocida familia salteña y fundadores de la firma, Naranjales Caputto.

Pero las expectativas comenzaron a develarse cuando en las últimas horas, el intendente de Salto, Andrés Lima, mantuvo una nueva reunión con representantes de la empresa Frutura Llc, la firma estadounidense dedicada al rubro de alimentos que adquirió los activos y el control total de los negocios de Citrícola Salteña.

Según dijo Lima a Laguardia, su gobierno vela por los casi 3 mil puestos de trabajo que da esa empresa en Salto, al tiempo que ajusta con los empresarios algunos aspectos referidos a la extensión del plazo de permanencia de la fábrica en la planta urbana de Salto hasta el año 2060, ya que un decreto municipal del año 2009 ordenaba el retiro de la planta física hacia la zona suburbana en el 2030, es decir, en 8 años, algo que generaba un desestímulo entre los inversores por el costo que esto implica.

En la reunión con el CEO de la empresa Frutura en Uruguay, Alejandro Buratovich y su representante Romain Corneille, estuvieron además de Andrés Lima, varios jerarcas de la Intendencia de Salto tratando temas relacionados al futuro de las fuentes laborales, también se trataron aspectos relativos a la organización del tránsito en la zona, a partir del momento en que aumente el tráfico de vehículos de carga por el lugar.

Estiman que con el flujo de movimiento esperable en el lugar el tránsito en la zona de la planta de jugos y packing aumente considerablemente y por ende serán necesarios controles rigurosos y la canalización de los vehículos por las avenidas circundantes a la planta.

Finalmente, el compromiso formal de la Intendencia de Salto es el de solicitar la excepción del decreto para que la empresa pueda continuar operando en el actual predio hasta el año 2060, extendiendo el plazo por 30 años más.

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