Una cárcel con nombre y apellido
La cárcel de Domingo Arena tiene nombre y apellido, es un cuartel donde debe funcionar un batallón del Ejército Nacional, pero no, allí hay una cárcel para los que siendo autoridades de la milicia, violaron la Constitución y las leyes, fueron represores y cometieron crímenes de lesa humanidad durante el período comprendido entre los años 1973 y 1985.
Por eso esa cárcel, tiene nombre y apellido, porque allí no pueden ir presos comunes, como se les dice a los que cumplen prisión por distintos delitos, sino que ahora parece que tenemos presos clase A, que son los violadores de los Derechos Humanos, los represores de la última dictadura militar, los que saquearon y robaron el país entero durante 12 años, los que merecen un castigo especial y el Estado, tras un juicio justo, los mete presos, ¿dónde?, en un cuartel para que se sientan como en casa.
¿Pero por qué el Frente Amplio hizo esto? Es difícil aplicar la lógica del combatiente y fueron los ex integrantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, ahora devenidos en la agrupación política MPP, junto a la entonces ministra de Defensa, Azucena Berruti y el ahora fallecido presidente, Tabaré Vázquez, los que idearon ese destino.
Y lo hicieron cuando vieron que el parlamento, que en ese entonces tenía mayorías absolutas de la coalición de izquierdas, inevitablemente iba a sancionar leyes como la de Desaparición Forzada, que aplicaba al destino de los detenidos desaparecidos en la dictadura, que hasta ese entonces solamente habían sido declarados como Ausentes, tomando la figura del Código Civil uruguayo; la ley de desaparición forzada castigaba penalmente a los promotores de esa figura y eso determinó en la caída de la cúpula militar de la dictadura que hasta entonces estaba en completa libertad y del aún vivo en ese momento, el dictador, Juan María Bordaberry.
Todos fueron presos, a todos hubo que ponerles las esposas y confinarlos a la reclusión por sus crímenes con sentencias que les dieron de hasta 25 años de cárcel a sabiendas que biológicamente no las iban a poder cumplir. Pero era necesario dar el mensaje. Era importante quitarle la impunidad a los que salieron limpitos de un régimen militar que hizo lo que quiso con los dineros públicos y con las humanidades de muchos uruguayos.
Todavía hay pivilegiados por esa dictadura, ya que muchos de ellos tuvieron a sus padres como colaboradores del régimen y se beneficiaron de distintas maneras, algunos con campos, otros con estudios en el exterior, otros con canales de televisión abierta, otros con emisoras de radio, otros con propiedades, pero a nadie se le pidió que devolviera nada, a ninguno se le dijo que pidieran disculpas por esos bienes mal habidos. Pero a estos tipos que seguían haciendo gala de su matonería ya ridícula, había que mandarlos presos y mostrarles a qué clase de cloaca pertenecían.
Pero ahora se los quiere dejar en sus casas en un nuevo proyecto de ley que señala ser más integral que el que puso a los represores en Domingo Arena. Como pasó con el médico salteño que fue condenado hace poco tiempo y al que se le dio prisión domiciliaria. Mandarlos a la casa es no honrar el artículo 8 de la Constitución de la república de que «todos somos iguales ante la ley», pero, al parecer en este país de impunidades y privilegios vigentes, ese artículo de la Constitución, es solo un slogan.
