«No nos oponemos porque son medidas legales», dijo la presidente de la SCJ sobre prisión domiciliaria a narcos
La presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Doris Morales Martínez, dijo que la corporación «no tiene nada que oponerse» al caso de las prisiones domiciliarias de los narcotraficantes, decisiones que han adoptado los magistrados dentro de sus competencias y que aseguró son medidas legales.
En un acto en Salto donde inauguraron dos nuevos juzgados de Violencia de Género y Delitos Sexuales en el marco de la ley 19.580, la titular del Poder Judicial dijo que «las modificaciones a las normas» para que esas medidas no sean otorgadas «corresponden al Poder Legislativo».
Morales también expresó que está abierta a reunirse con el Ministerio del Interior en caso de ser necesario para abordar estos temas, aunque recordó que hasta ahora «nadie le ha solicitado» un encuentro por estos temas.
Fueron inaugurados los dos nuevos juzgados de Violencia de Género en el marco del cumplimiento de la ley 19.580 sobre este tipo de asuntos, y los mismos se hicieron en Salto, porque en ese departamento «existe una cantidad importante de denuncias de este tipo», indicó Morales.
«Es el segundo departamento del país en el que se crean este tipo de juzgados de Género ya que el primero fue Maldonado, con dos oficinas de este tipo en la ciudad de San Carlos», añadió la magistrada.
«Es una oportunidad para seguir avanzando en ese sentido. Contamos con recursos para atender y crear este juzgado en Salto, pero también para los dos que vamos a hacer en el departamento de Rivera, aunque no para todos los que deberían inaugurarse», lamentó Morales.
Afirmó que en Uruguay «hay una problemática creciente en materia de violencia de género y en ese sentido, los primeros juzgados que se crearon San Carlos (Maldonado), tienen un volumen de trabajo importante en este tipo de asuntos lo cual denota un crecimiento en estos casos en la sociedad».
Consultada al respecto de los casos de personas condenadas por delitos de narcotráfico que se encontraban con prision domiciliaria y que ahora están volviendo a la cárcel, la presidente de la SCJ manifestó que «nosotros no actuamos en forma directa en el procedimiento jurisdiccional, eso lo hace el juez de la causa y el Tribunal de Apelaciones correspondiente, que son los que tienen que resolver si se da la prision domiciliaria o si se revoca o si se mantiene».
Informó además que «en la medida que se han planteado problemas acerca de este punto, estamos analizando y viendo la posibilidad de alguna legislación de algo que se relacione con este tema, pero por ahora no tenemos nada para oponernos, porque son normas legales y desde ese punto de vista la modificación de una norma corresponde al Poder Legislativo, porque a la parte legislativa el Poder Judicial no tiene posibilidades de modificarla»
Señaló a su vez que no han tenido diálogo con el Ministerio del Interior que ha sido crítico con estas medidas, especialmente el titular de la cartera, Luis Alberto Heber.
«Pero a los efectos de trabajar sobre lo que fuere de estudiar los temas, la SCJ siempre va a estar dispuesta a hacerlo, pero todavía no se ha planteado nada en ese sentido, no nos han pedido ninguna reunión aunque estamos dispuestos a darla».
Y afirmó que están llevando adelante «una investigación administrativa y un sumario» sobre la jueza de Crimen Organizado, Adriana Chamsarián, tras analizar el informe que presentó sobre la prisión domiciliaria y la posterior fuga del narcotraficante Miguel Ángel Leal da Costa.
Asegurando que se ha pedido un informe respecto a las prisiones domiciliarias, para saber si durante un caso de prisión domiciliaria se han escapado algunos de los presos que han gozado de ese beneficio.
