Mayoría de los ingresos directos a Salto Grande desde 2020 «tienen contratos a término»
Los funcionarios que entraron por designación directa durante la actual administración de Salto Grande, no quedarán en efectivos, sino que tienen contratos a término. Así lo informó a Laguardia el presidente de l,a Delegación del Uruguay de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Martín Burutarán.
Durante el lanzamiento del espacio ciencia Energimundo, en el predio de Salto Grande con la presencia del titular del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), Burutarán habló de la situación actual de Salto Grande y respondió, entre otros temas, sobre la situación actual de los funcionarios que ingresaron designación directa al organismo binacional a partir del año 2020.
Por otro lado, también se aclaró que la designación directa es un mecanismo legal que existe en los organismos públicos y que se ha usado durante todas las administraciones que precedieron a la actual.
«Los funcionarios que ingresaron por designación directa, la absoluta mayoría de ellos, firmaron contratos a término y estarán sujetos a disposición para la próxima delegación, que decidirá cuando venzan los contratos si los renuevan o cesan a estos funcionarios», dijo Burutarán.
«Pero para que la gente entienda, que después de la posición del parlamento sobre este tema, queremos transmitir que la gran mayoría de esos funcionarios que ingresaron bajo el mecanismo legal de la designación directa, tienen contratos a término», sostuvo.
En la anterior administración, los tres delegados anteriores Gabriel Rodríguez, Eduardo Bandeira y Carlos Albisu cesaron en sus funciones como tales en abril del 2020, aunque Albisu pasó a presidir la Delegación tras el cambio de gobierno.
En tanto, el Secretario de la Delegación, que también ingresa por designación directa por ser un cargo de confianza cargo que ocupaba Andrés de la Iglesia (ex edil del Frente Amplio) y que actualmente ocupa Carlos Silva (principal dirigente de la Lista 50), en el caso anterior, no cesó con la Delegación del Uruguay de la CTM.
De la Iglesia permaneció en el organismo binacional como funcionario por decisión del ex presidente de Salto Grande, Gabriel Roríguez, cumpliendo funciones hasta noviembre del 2021. Pero desde entonces y hasta la actualidad goza del beneficio de un retiro anticipado solicitado por el propio funcionario y firmado por la actual administración, percibiendo su salario, mayor a los 300 mil pesos mensuales, por un término de 5 años desde noviembre del 2021.
En el caso de Carlos Silva, que ocupa el cargo de confianza de secretario de la Delegación, fue uno de los que firmó el contrato a término el cual vence en noviembre de 2025 y la resolución o continuidad del mismo estará a cargo del próximo titular de la CTM, el ya designado Gonzalo Casaravilla, ex presidente de UTE.
Según supo nuestro medio, la mayoría de las personas que ingresaron de forma directa a cumplir servicios de guardias de seguridad de la represa, permanecerán en sus cargos, así como también «algún otro funcionarios que cumple tareas técnicas porque son necesarios», argumentaron desde el gobierno electo.
