La Universidad y la clase política
La Universidad de la República es un Ente Autónomo de Enseñanza, así está establecido en la propia Constitución de la República (un logro ponerlo en ese estatus jurídico) , en el art. 202 se establece cómo se integran sus órganos de cogobierno y cuáles son sus cometidos y la Ley Orgánica de la Udelar, 12.549 del año 1958, hace el resto.
En ambas leyes se deja constancia clara y contundente, que la Universidad de la República no depende de ningún gobierno, si bien es del Estado, es Pública, pertenece al organigrama público de las dependencias estatales, no pertenece al esquema político de ningún gobierno, ni del Frente Amplio, ni del Partido Nacional, ni de ningún partido político.
Si bien durante muchos años la cercanía de sus autoridades con los gobiernos del Frente Amplio fue por lo menos vergonzosa, ya que los mandatos políticos estaban en la interna de las distintas instituciones universitarias que comprenden ese complejo que se denomina Universidad dela República, el hecho de que sea pública no quiere decir que los gobiernos puedan y deban influir en las decisiones de la misma.
Se resume Autónoma en su denominación legal lo que es un logro de décadas de movilizaciones sociales y estudiantiles, inspiradas en la Revolución de Córdoba,
Por eso el Hospital de Clínicas, Dr. Manuel Quintela, que es uno de los hospitales universitarios más grandes e importantes de Sudamérica, y que ha enorgullecido a los uruguayos durante años por su calidad, no debe ser punta de lanza de movimientos políticos. Pero tampoco debe ser vetada por las autoridades de gobierno, más allá de su malestar con las situaciones que allí se produzcan.
El presidente de la Cámara de Representantes hasta el mes entrante, Martín Lema, ha planteado enérgicamente que cese la recolección de firmas contra la LUC en esa sede universitaria. Algo que no puede hacer ese legislador porque es entrometerse en los asuntos gremiales de una institución, sobre todo si la misma es autónoma y adquiere esa calidad con rango constitucional, él como abogado de profesión y legislador de carrera debería saberlo.
Si son los trabajadores los que juntan firmas contra la ley en el marco de una campaña pro referéndum, no va a ser la primera vez que ocurra, si está mal que se haga, le corresponde a las autoridades de la Udelar, a quienes integran el Consejo Directivo Central y sobre todas las cosas al Rector, Rodrigo Arim, tomar una decisión. Pero no a la clase política, ellos no pueden, o al menos no podrían, entrometerse en los asuntos internos de un gremio de un ente autónomo de enseñanza.
Ojalá los que integran los órganos de cogobierno se despegaran un poco del Frente Amplio para equilibrar también los intereses de la Udelar y ponderarlos por encima de las cuestiones político partidarias, así habría un mayor equilibrio en todas estas cuestiones. y defederían con su accionar la tan importante autonomía lograda por sus antecesores.
Hugo Lemos
