Abogados celebran su Día trancados por la pandemia
(Qué Pasa, El País)
La pandemia ha provocado un inédito parate judicial. La feria extraordinaria sigue al menos hasta el 14 de mayo. ¿Qué casos están afectados?
SEBASTIÁN CABRERA
Domingo, 09 Mayo 2021 04:05
Justicia. Foto: Fernando Ponzetto
Foto: Fernando Ponzetto / Archivo El País
Un empleado es despedido y quiere presentar una demanda laboral, pero no puede hacerlo. Y, si en una de esas lo logra, no avanzará ni aun asesorado por el mejor abogado. Una empresa pretende denunciar una estafa con cheques sin fondo y tampoco lo logra (y, mientras tanto, el delincuente sigue estafando al tiempo que se desprende de su patrimonio). Una anciana también es estafada y su caso no será investigado. Un padre espera que se defina la tenencia compartida y sabe que no tendrá novedades en las próximas semanas. Una madre aguarda que se resuelva una pensión alimenticia provisoria, mientras una pareja está de acuerdo en divorciarse pero el juez no convoca a la audiencia. Al mismo tiempo, una abogada insiste para concretar una pericia por una denuncia de violencia psicológica de un padre a sus hijos. Pero, igual que en los otros casos, no pasa nada de nada.
Así es el Uruguay pandémico. La Justicia, salvo para unos pocos casos graves, bajó las cortinas hasta nuevo aviso.
En feria extraordinaria por el COVID-19, el sistema judicial uruguayo se paralizó el 25 de marzo pasado. Como si fuera enero. Eso después de un año complicado por la pandemia donde la vieja normalidad, esa que conocíamos antes del 13 de marzo de 2020, no existió. La última resolución de la Suprema Corte de Justicia extendió la feria judicial extraordinaria hasta el viernes 14 de mayo. Pero es posible que la medida vuelva a prolongarse, según evolucione la situación sanitaria del país.
El futuro es todo incertidumbre: nadie se anima a asegurar cuánto tiempo durarán las medidas de emergencia decretadas en los juzgados y fiscalías. Este panorama, sin duda, afecta a miles de uruguayos que aguardan fallos judiciales o, lo que es peor, que se inicien los procesos, así como a abogados que no trabajan y por lo tanto no tienen ingresos económicos. Es decir, no pueden cobrar.
Hay muchas interrogantes y algunas pueden ser respondidas mejor que otras. ¿Cuánto se han aggiornado juzgados y fiscalías? ¿Por qué se realizan pocas audiencias virtuales? ¿Cuánto teletrabajan jueces y fiscales? ¿Qué pasará el día que se levante la feria y deba encararse un cuello de botella como quizás nunca se dio en la historia del país? ¿Cuánto demorará el sistema judicial en ponerse a tiro? Y si la pandemia se extiende más de lo que pensamos, ¿hay medidas previstas para regularizar la situación?
Primero hay que aclarar que no está todo parado. Hoy los fiscales de flagrancia trabajan y atienden, por ejemplo, las denuncias de rapiñas, hurtos u homicidios que llegan. Lo mismo los casos de violencia doméstica y los pedidos de prórroga de prisión preventiva. Es lo urgente, lo que no se puede detener: el CTI de la Justicia, por decirlo de alguna manera. Se investiga y los detenidos son llevados al juzgado si el fiscal entiende que son culpables. Hay 48 horas para definir la formalización y muchos casos se definen por juicio abreviado, aunque generalmente son casos sencillos. Los complejos van a juicio oral y hoy están casi todos detenidos.
De unas 50 audiencias penales diarias que había antes de la feria, hoy no superan las 10, según un relevamiento realizado por El País.
Por fuera de lo penal, casi todo el resto está congelado: es un enorme e inédito trancazo. Eso no quita que los fiscales y jueces sigan trabajando, algunos desde sus oficinas, otros desde sus casas. Y que, en la medida de sus posibilidades, intenten avanzar con los expedientes (ver al pie de esta nota).
En rigor, lo que ocurre en la feria judicial es que no se contabilizan los plazos y, por ende, alguien que inició una demanda no puede seguir adelante con el juicio porque los plazos del demandado no transcurren. Si un abogado quiere presentar algo, debe justificar por qué se tiene que levantar la feria para ese asunto.
¿Y cuántas causas se han visto afectadas? El Poder Judicial tramita más de 200.000 al año, pero no hay forma de saber cuántas se han visto paralizadas, dicen desde la Suprema Corte.
En el caso de los fiscales, a cada uno se le dio una laptop para que pueda trabajar en su casa. Pero la realidad es que solo se va a audiencia en casos excepcionales y los criterios varían según la fiscalía. “Ellos trabajan, pero no podemos tapar el sol con un dedo: va a haber una baja en las imputaciones”, dice a El País una fuente de la Fiscalía General de la Nación. Esa merma en el número de imputaciones es algo que no sucedió el año pasado. “Pero ahora, por la propia situación sanitaria, el parate es mayor”, admiten en Fiscalía.
La Suprema Corte de Justicia, por su parte, aprobó el jueves 29 de abril una resolución por la cual se mantiene la feria pero agrega una serie de trámites que deben ser realizados, como forma de flexibilizar la situación: la confección de oficios, exhortos y certificados, así como su libramiento si pueden realizarse por vía electrónica, la realización de audiencias por videoconferencia, además de la tramitación de solicitudes de libertad condicional y anticipada, entre otros.
Suprema Corte de Justicia. Foto: Estefanía Leal
Suprema Corte multiplicó por seis la capacidad de hacer videoconferencias, pero aun se está muy lejos de aplicar el sistema en la mayoría de los juzgados. Foto: E. Leal
Juicios a distancia.
Con la presencialidad reducida al mínimo en fiscalías y juzgados, la herramienta de las audiencias virtuales se usa sí, pero mucho menos de lo que se podría.
La Suprema Corte multiplicó por seis la capacidad de hacer videoconferencias, según relata una fuente del organismo. Ahora, si en todos los juzgados quisieran usar el sistema al mismo tiempo, colapsaría todo.
Hoy pueden realizar hasta 150 audiencias al mismo tiempo en el Poder Judicial, pero están lejos de eso. De hecho, solo hay entre 60 y 70 videoconferencias diarias, según información del organismo a la que accedió El País. Parte de ellas son reuniones de trabajo y otra corresponde a la actividad de los juzgados.
El vocero de la Suprema Corte, Raúl Oxandabrat, dice que el problema no es la tecnología, no pasa por ahí. “Eso es lo más sencillo. Lo complicado es asegurar las garantías del juicio cuando es por videoconferencia”, afirma. Y pone ejemplos: “Hay que garantizar que haya comunicación simultánea entre los partícipes de la audiencia, que puedan no solo escuchar, sino también intervenir; asegurar que cada uno esté asesorado por su abogado; que no haya problemas de identidad y que los testigos sean los que van a testimoniar en la audiencia”.
Otra fuente del organismo aclara que el problema es más bien jurídico y que para eso se necesitan reformas legislativas: “Acá los procesos judiciales se rigen por códigos, como el Código General del Proceso (CGP), que tiene referencias a procesos pensados en el mundo papel, en la presencialidad”. El artículo 70 del CGP, por ejemplo, dice que se deben presentar tantas copias del escrito como partes en el proceso hayan. “¿Cómo compatibilizás eso con una presentación telemática de los temas?”, pregunta un jerarca del Poder Judicial que pide no ser identificado.
Además, pide tener cuidado con la extrapolación lisa y llana de lo que ocurre en otras áreas: “No es lo mismo dar clases por Zoom que realizar una audiencia judicial por Zoom donde están en juego los derechos de las personas”, explica.
La presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Graciela Gatti, dice que “es muy lindo hablar de audiencias a distancia” pero que no se pueden hacer de cualquier manera y en todos los casos. Y detalla: “Yo no puedo interrogar a un testigo que no sé si no le están leyendo de atrás o lo están presionando qué decir”.
Para muchos abogados, en cambio, el parate judicial es inaceptable un año más tarde de iniciada la pandemia. Uno de los tantos que opina eso es Juan Ceretta, docente del Consultorio Jurídico y a cargo de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho. Aunque los temas en los que él se mueve -—los recursos de amparo— son de los pocos que casi no se han detenido y casi todas las audiencias han sido por Zoom, Ceretta opina que una paralización como la que sucede hoy afectará la “calidad democrática” si se extiende en el tiempo. “Vos podés paralizar el Poder Judicial una semana, 15 días, un mes y la gente se acomoda, pero si se extiende en el tiempo te quedás sin servicio de Justicia para muchas cosas”, explica. Y luego agrega: “A nadie se le ocurriría que otros poderes del Estado estuvieran sin funcionar tanto tiempo. ¿Podemos estar seis meses sin sancionar leyes? Podemos, pero afecta la calidad del Estado”.
Ceretta admite que nada sustituye a la presencialidad, pero no coincide con eso de que las audiencias por videoconferencia afecten las garantías: “No será igual, pero es mejor que nada. Y lo de las garantías es un tema más bien cultural, porque también presencialmente te pueden poner un testigo que no es y te llevan la cédula falsificada. O te pueden entrenar un testigo durante una semana”. Y si el juez cree que lo están engañando, “bueno, que lo mande traer”, pide.
El abogado penalista Andrés Ojeda afirma que en la región hay experiencias exitosas de utilización de medios tecnológicos: dice que la alternativa “es tener todo cerrado” y que la pandemia aceleró un proceso “inevitable”. Agrega que es muy preocupante la situación, más allá de que los abogados no puedan cobrar. Y pone un ejemplo: “Es como que vos digas ‘cerraron los hospitales, no cobran los médicos, qué horrible’. ¡Sí, pero no atienden a los pacientes! Ese es el lío grande”.
Algo parecido opina el abogado Martín Bueno, dedicado a la tecnología y temas de propiedad intelectual. “El Poder Judicial es el único que no avanzó en nada hacia algo virtual”, cuestiona. Bueno lamenta: “El Poder Judicial cerró la puerta, acá no pasa nada… Ponele que el año pasado se comieron una piña, pero ya pasó más de un año. ¿Tienen algo previsto para ir al expediente en línea?”.
Ceretta también cree que, con o sin pandemia, es tiempo de que se instrumente que los escritos ya no se presenten más en papel. “Tampoco se avanzó nada en eso, seguimos como en 1950. Para presentar una demanda, tengo que ir con un papel impreso y copia para todos”, lamenta. Bueno, en tanto, dice que esperar afecta las reglas de juego en la negociación y que en esos casos el tiempo en general juega a favor del demandado. O sea, “no es lo mismo saber que te puede caer en 15 o 20 días un embargo por algo impago, que saber que por dos meses no va a pasar nada”.
Por estos días el abogado espera una demanda pero ya tiene claro que no le llegará: “Algo que debería pasar ahora, una demanda por 1.800.000 pesos, no me está llegando y sé que no me va a llegar”.
Otro abogado, que pide no ser mencionado, afirma que en los hechos la fiscalía está cerrada. Y explica: “Si antes una investigación de un asunto común y corriente te demoraba un año y medio o dos, le metés una pandemia de por medio y tienen excusa para no darte bola”.
La abogada de familia Verónica Vargas dice que hoy en ningún juzgado de su área están trabajando. Y pone un ejemplo bien concreto: “Tengo una sentencia de un divorcio de común acuerdo y el juez solo tiene que sentarse y hacerlo, pero el mes pasado prorrogó la audiencia de lectura. Él está en la casa, pero no la hace porque no quiere”. Entonces denuncia: “Dicen que no hacen las audiencias por zoom porque no tienen funcionarios o no tienen el sistema. La realidad es que no tienen ganas, no quieren hacerlas”.
La única vez que logró concretar una audiencia por Zoom, le dieron el ID y al final nadie se conectó.
Vargas, quien es docente de derecho de familia en la Universidad Católica, relata un caso que considera grave. Hace dos meses presentó una demanda en un juzgado de violencia doméstica, vinculado a vulneración de derechos: una madre ve cómo el padre ejerce violencia psicológica sobre sus hijos. Desde aquel momento lucha por lograr una pericia psicológica y psiquiátrica para todos los involucrados. Pero ha sido imposible: “Van dos meses y no tengo fecha. En el medio están los chiquilines, las cosas pasan y la vida de la gente sigue, más en pandemia”.
Las quejas de los abogados.
El tema es motivo de charla en los grupos de WhatsApp de abogados y de preocupación en las organizaciones que los nuclean. Como un nuevo grupo que se gestó hace poco más de un mes bajo el nombre de Asociación Uruguaya de Profesionales del Derecho y que reúne a unos 200 abogados independientes (algunos les dicen “artesanales”), es decir los que más han sufrido la feria judicial.
En las reuniones vía Zoom ellos discuten el tema del corte abrupto de los ingresos (“al no poder movilizar los expedientes, mal podés pedirle a la gente que te pague”, dice el presidente de la nueva agremiación, el abogado Boris Coimbra) pero también la situación de los clientes o “los justiciables”, como les llaman. “El juez evalúa, casi como en una feria normal, lo que le parece urgente y lo que no”, afirma Coimbra, “no se habilitan demandas laborales y hay trabajadores que no pueden acceder a los créditos laborales; no se están habilitando solicitudes de pensiones alimenticias en algunos juzgados; tampoco tenencias o visitas para que padres vean a sus hijos, asuntos familiares que difícilmente podamos pensar que no son urgentes”.
Coimbra relata que hay personas que le ruegan para que “salga” la pensión alimenticia porque “la precisan para comer”. Carla Hernández, también directiva de la agremiación, dice que los jueces actúan con discrecionalidad y opina que quizás hoy se genere un daño mayor del que se quiere evitar. Hernández estima que cerca del 80% de los juicios están paralizados: “Será difícil volver para atrás”.
Quizás los primeros que salieron a criticar en forma pública la situación fueron las autoridades de la Asociación de Abogados Penalistas. Su presidente, Juan Fagúndez, dijo a El País el viernes 9 de abril que los abogados están sin trabajo y la fiscalía “prácticamente cerrada”, en una situación “gravísima”. Tras esas declaraciones, el fiscal de Corte Jorge Díaz resolvió que los abogados se pueden comunicar vía correo electrónico con los fiscales y estos responder por esta vía. Algo que hasta hace momento no sucedía. “Puede parecer poco pero la manera que había, que era mediante agenda y teléfono, se había cortado”, explica Fagúndez.
INDEPENDIENTES
«De un día para otro, no cobran nada»
La feria afectó la economía de muchos abogados independientes. “Hay muchos que trabajan en cómodas cuotas, casi que a resultado. Si no hay resultados para mostrar, muy difícil que cobren”, dice Boris Coimbra, presidente de la nueva Asociación Uruguaya de Profesionales del Derecho. Y agrega que algunos están pasando mal: “No es que no se pudieron ir de vacaciones a Europa… Es gente que si tiene trabajo vive bien, pero de un día para el otro no cobra nada y no tiene seguridad social que la respalde. No la mandan al seguro de paro”. De hecho, según los datos de la asociación, hay abogados que decidieron “bajar el título y buscar otra cosa” mientras tanto.
El presidente de la Caja de Profesionales Universitarios, Gonzalo Deleón, dice que “es previsible” que exista un aumento en la cantidad de abogados que ya hayan pedido la declaración de no ejercicio porque “tienen cortada” su fuente laboral. El 25 de marzo pasado hubo un planteo en el directorio de la Caja para que los abogados puedan diferir pagos, pero la mayoría no acompañó.
El Colegio de Abogados del Uruguay se ha manejado con mayor cautela, aunque promovió el año pasado en el Parlamento un proyecto de ley sobre regulación de ciertas actividades procesales a distancia, el cual se trata por estos días en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Entre otros aspectos, ese proyecto prevé la realización de audiencias por videoconferencias en forma más amplia: el régimen actual establece que no se pueden realizar declaraciones de partes, de testigos ni peritos, salvo que sean presenciales en los juzgados. El presidente del colegio, Diego Pescadere, dice que en una situación sanitaria como la actual no es la solución trabajar así porque “mucha gente igual debe pasar por los juzgados”. Además, afirma el abogado, “no puede estar todo sujeto al criterio de cada juez”, sino que debe haber criterios generales.
¿Y qué pasará cuando se levante la feria? La jueza de familia Roberta Licciardi, por ejemplo, menciona que ella ya tiene audiencias agendadas hasta setiembre. “Se te pone la piel de gallina… en un juzgado de urgencia, audiencias hasta setiembre”, dice.
El fiscal Rodrigo Morosoli advierte que hay “un embudo” y que deberá trabajar “el triple o el cuádruple”, ya que mucha gente espera que se le resuelva la situación. Su colega Leonardo Morales admite que está “todo desbordado” y que habrá que seleccionar en cuáles casos ir a juicios y en cuáles no. La fiscal Sabrina Flores lo define así: “Cuando esto se levante, será como una bola de nieve”. La abogada Hernández dice que ya se arrastra “un retraso de casi dos años” y Ojeda lanza una advertencia: “Nadie nos garantiza que no sigamos así parados hasta junio o julio. ¿O vamos a estar de feria todo el año?”.
Hablan fiscales y jueces: ¿cuánto trabajan?
Fiscal Rodrigo Morosoli.
“Hoy toca teletrabajo”, responde por WhatsApp el fiscal penal Rodrigo Morosoli y manda una foto de su computadora portátil, mientras prepara una acusación por una rapiña. Luego atiende el teléfono y cuenta que el día anterior tuvo una audiencia de prueba anticipada en cámara Gesell con la jueza Beatriz Larrieu y que al día siguiente irá a la fiscalía porque tiene que preparar un juicio. “Vas mechando pero laburar, se labura”, aclara, como para despejar dudas sobre el trabajo en épocas de COVID-19.
Morosoli es de los fiscales que no cree que se pierdan garantías por hacer una audiencia mediante videoconferencia. “Para mí es una solución. Yo no he tenido problemas, aunque las audiencias no han sido de temas complejos”, dice, respecto a su experiencia. El fiscal sí admite que la feria le ha retrasado el proceso de investigación de buena parte de los casos en trámite porque considera insustituible el cara a cara. “Llega un momento en que yo necesito ver al testigo y valorarlo, más allá de que la Policía me suba la declaración”, explica. Lo mismo dice el fiscal Leonardo Morales: “Se complican las investigaciones a largo plazo, no podemos traer testigos y están bastante paralizadas”, sostiene.
Su colega Willian Rosa, fiscal adscripto y presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, relata el caso de una rapiña a un comercio que se arrastra desde noviembre de 2019: hace unas semanas se iba a concretar el juicio oral pero fue suspendido. “Justo decretaron la feria y ya vamos para dos años de incertidumbre. Pasa el tiempo y la frescura de las declaraciones se pierde”, indica. En ese caso hay dos personas presas esperando la sentencia.
Rosa cree que los juicios orales con interrogatorios a testigos no se deben hacer por Zoom, porque se pueden limitar las garantías.
La jueza Julia Staricco, del juzgado especializado de familia, dice que ella no suspendió ninguna audiencia y las realiza en forma presencial: “El Zoom acá es muy difícil, hay gente que no tiene internet en la casa”.
“Nosotros tratamos con personas en situación de vulnerabilidad, que precisan ayuda”, indica. Admite, eso sí, que ha habido audiencias que no se terminan de concretar porque los propios involucrados no comparecen o porque hay gente en cuarentena o con COVID-19.
En cambio, su colega, la jueza Roberta Licciardi —también de Familia Especializada— asegura que el servicio se ha visto “muy resentido” por la feria judicial, ya que la prioridad son los juzgados que están de turno.
Cuando no está de turno, Licciardi firma expedientes pero en general no puede hacer audiencias, salvo “impostergables” y cuando hay abogados particulares, ya que los defensores de oficio están solo para los juzgados de turno debido a la emergencia sanitaria. El día que la jueza habla con El País no tiene ninguna audiencia prevista, cuando antes de la feria había un promedio de diez audiencias diarias.
(El País)
