La decisión del Frente Amplio de Salto de avanzar en el pedido de expulsión de los tres ediles que votaron el fideicomiso para la Intendencia de Salto, Eduardo Varela Minutti, Analía Fernández y Gladys Martínez, continúa generando repercusiones y profundizando el debate interno dentro de la fuerza política.
Varios dirigentes frenteamplistas que no comparten la medida, entre ellos los del sector Baluarte Progresista que incluso pidieron la renuncia del presidente del FA de Salto, Luis Alonso por impulsar estos hechos, advirtieron que se trata de «una decisión apresurada» y «políticamente desacertada».
Porque están convencidos que la misma puede tener consecuencias directas en el equilibrio de fuerzas dentro de la Junta Departamental.
Fuentes políticas de la coalición de izquierdas, mantienen una preocupación porque la eventual expulsión de estos tres ediles, considerandonque eso deje a la Coalición Republicana con las mayorías especiales, dentro del ámbito legislativo, una herramienta clave que permite aprobar iniciativas de alto impacto político y financiero.
De concretarse este escenario, el Frente Amplio perdería capacidad de incidencia, negociación y control en la Junta, quedando relegado a un rol meramente opositor, aunque con menos ediles que impongan su capacidad numérica.
“Entregarle la mayoría especial al oficialismo es un error grave”, señalaron dirigentes frenteamplistas, que pidieron reserva de la fuente «para evitar acusaciones que hoy están a la orden del día sobre todo en las redes».
“Con menos ediles de los 13 que tenemos ahora, el Frente Amplio pasará a ser un espectador de las decisiones del gobierno departamental”, advirtieron.
Entre los que cuestionan la expulsión, están los que explican que la mayoría especial «no es un detalle técnico, sino un instrumento central del sistema de contrapesos democráticos, ya que obliga al diálogo, a los acuerdos y a la negociación política» con el gobierno.
Y afirmaron que sin contrapesos, el Ejecutivo departamental «podría avanzar con endeudamientos, modificaciones presupuestales y otros proyectos estratégicos sin necesidad de consensuar con la principal fuerza opositora».
El pedido de expulsión también reavivó la discusión sobre la libertad de representación política de los ediles, así como también dejó al descubierto tensiones internas vinculadas a liderazgos y proyecciones electorales entre las figuras del Frente Amplio a nivel departamental.
Entre los ediles señalados para ser exoulsados estás Eduardo Varela Minutti, que en los últimos años logró consolidar un caudal electoral dentro del Frente Amplio en Salto, que ocasionó algunas rispideces internas, sobre todo dentro del ENFA, sector que lidera Andrés Lima.
Su desempeño electoral y su paso por la gestión en la Intendencia lo posicionaron, para distintos sectores internos, como un potencial candidaton a nivel departamental dentro de la fuerza política.
Ese posicionamiento no pasó inadvertido en un escenario marcado por la recomposición de liderazgos tras la derrota de mayo de 2025. En ese contexto, surge el cuestionamiento incluso desde el propio edil, si el pedido de su expulsión responde a una cuestión de disciplina partidaria o en verdad a una disputa por espacios de poder y proyección futura dentro del Frente Amplio.
Los dirigentes que cuestionan la decisión sostienen que «una oposición fuerte no se construye a partir de sanciones internas, sino desde la capacidad de incidir, controlar y condicionar políticamente al gobierno». Y sostienen que «sacrificar poder por una interna partidaria, termina fortaleciendo al adversario y debilitando al propio Frente Amplio».
Mientras el proceso disciplinario avanza, para los consultados «el verdadero riesgo no está en el voto de los tres ediles, sino en ceder voluntariamente una mayoría especial» que garantizaría «equilibrio democrático y control político, en un momento clave».