«Inoportuno y falto de sentido común», así calificaron fuentes cercanas al intendente de Salto, Carlos Albisu, la medida llevada adelante por inspectores de tránsito de la propia comuna durante la madrugada del 25 de diciembre, de retirar chapas matrículas a los taxistas informales.
Según señalaron desde el gobierno departamental, la medida fue «inconsulta» y llevada a cabo en una jornada donde hubo una alta demanda de taxis y vehículos para el transporte de pasajeros, teniendo en cuenta a las miles de personas que salen esa noche a celebrar la Navidad y que muchos, para evitar conducir en estado de ebriedad o con ingesta de alcohol, demandan la contratación de vehículos particulares.
Tras el anuncio realizado por la Intendencia de Salto, a través de un comunicado público del resultado del operativo de tránsito, llevado a cabo en Navidad con la incautación de 10 vehículos y el retiro de 3 chapas matrículas a los denominados «taxis informales», desde las autoridades comunales hubo fuertes reacciones.
Allegados directos al intendente de Salto, señalaron que el jefe comunal estaba «muy molesto» porque entendió que la medida había sido «inconsulta», tanto a él como al secretario general, Walter Teeira Núñez, quienes estarían en «desconocimiento» de esa decisión que llevó adelante el departamento de Movilidad Urbana.
Asimismo, señalaron que el jerarca «pidió un informe detallado» del asunto, ya que dijo que la misma había sido «inoportuna y sin sentido común», debido a alta demanda que hubo en la madrugada de Navidad y además ante la oportunidad laboral que surgió para las personas que realizan esta actividad.
Señalaron que si bien Albisu admitió que «hay que regularizar la situación» de las personas que se dedican al traslado de pasajeros y que es un tema que ya viene desde hace varios años en Salto sin una solución definitiva, «lejos de querer sancionar a los mismos, quiere formalizarlos para que sigan trabajando y la población tenga más ofertas a la hora de pagar por un traslado», sostuvieron las fuentes políticas allegadas al gobernante.
Esta situación motivó una reunión entre los jerarcas que ordenaron la medida y las máximas autoridades de la Intendencia de Salto para aclarar este asunto.
