Ejecutivos canadienses demandaron por «fraude» a quien estaba al frente de la empresa Boreal
La situación de la empresa de producción de cannabis «Boreal» de Salto, que dejó sin trabajo a decenas de personas y que los afectados denuncian que se está ante un vaciamiento de capitales, llegó hasta Canadá, ya que allí ex ejecutivos de la empresa que invirtieron en este emprendimiento, señalan que fueron «estafados» e iniciaron una demanda a una persona a la cual habían dejado a cargo del negocio.
En tal sentido, John Pollesel, un ex ejecutivo de la empresa Vale, y el abogado Brian Montgomery iniciaron una acción legal contra la empresa con sede en Toronto, Canadá, AD Group y su propietario Gonzalo Aguiar, «alegando que los engañó sobre el proyecto de cannabis y malversó el dinero de la inversión».
En la demanda, que señala el diario canadiense The Sudbury Star, también se nombran a familiares de esta persona y sostienen que el mismo tenía una relación comercial anterior con Pollesel a través de Boreal Agrominerals Inc. (cuya planta de producción estaba en Salto, Uruguay), empresa especializada en productos para mejorar el suelo.
Aunque hasta ahora, según sostiene el períodico norteamericano, «ninguna de las acusaciones contra Aguiar, su familia y AD Group ha sido probada en un tribunal de justicia». Y admite el reporte que «a principios de este año, Pollesel y Montgomery lograron obtener órdenes judiciales para congelar activos y obtener registros bancarios en relación con la supuesta estafa».
El diario señala que «entre los años 2019 a 2021, los demandantes ‘reclutaron inversionistas para invertir en el negocio del cannabis medicinal en Uruguay’, según se lee en una resolución del Tribunal Superior de Ontario, Canadá, emitida el 31 de enero de este año».
Y sostiene que “los demandantes aceptaron fondos de inversión por aproximadamente $27,5 millones de dólares, para adquirir licencias de cannabis medicinal en Uruguay, y desarrollar diversas instalaciones de producción de cannabis medicinal, con el fin último de crear una operación de producción y exportación de flores, aceites y productos relacionados de cannabis medicinal a Brasil, Argentina, México y Europa”.
La información admite que «Aguiar fue designado para administrar las inversiones a través de AD Group ya que nació en Uruguay, propuso la inversión y solicitó fondos de inversionistas para la empresa de cannabis medicinal”, dice el documento judicial.
En Canadá informan que Aguiar había dicho que «tenía conexiones con experiencia en regulación bancaria y gubernamental en Uruguay, así como influencia política debido a la relación de su padre con el ex presidente de Uruguay, José ‘Pepe’ Mujica, quien había legalizado el cannabis en el país. Además de su papel como agente, Aguiar recibió una participación accionaria en la empresa y acordó mudarse a Uruguay durante dos años para desarrollar las inversiones».
Sin embargo, el diario señala que «los inversores de Sudbury se dieron cuenta de que muchos de los informes que recibieron de su agente durante este período eran engañosos o ficticios».
Los reportes de prensa señalan que «Aguiar les había asegurado, por ejemplo, que las licencias necesarias para cuatro proyectos, junto con la tierra, el equipo y la mano de obra, se habían arreglado con fondos de inversionistas, y que el dinero se destinaba a infraestructura, sistemas de riego, costos de puesta en marcha y operación. Como la pandemia estaba inhibiendo los viajes internacionales, Pollesel y Montgomery no pudieron ver ninguno de estos supuestos desarrollos de primera mano. Sin embargo, a principios de enero de este año 2023, los dos finalmente llegaron a Uruguay, solo para descubrir que “muchas de las representaciones de Aguiar, incluido el requisito y el uso de los fondos de inversión, eran falsos”, según sostienen en la demanda.
“Descubrieron que Aguiar no había utilizado los fondos de inversión para los cuales fueron adelantados recursos o que de otro modo se apropió indebidamente y malversó los fondos de los inversores”. Según los demandantes, «un trato de tierras no se había completado y la adquisición de otra propiedad costó mucho menos que los $ 1.5 millones de dólares, que era el monto que había dicho el demandado», denunciaron los demandantes ante la publicación canadiense.
Mientras tanto, lo acusan de “llevar un estilo de vida lujoso mientras estaba en Uruguay”. Los dos ex ejecutivos canadienses acusan a este hombre de «crear registros bancarios fraudulentos y han iniciado procedimientos legales en Uruguay para asegurar cualquier activo en beneficio de los inversionistas».
“En la actualidad se desconoce si el señor Aguiar ha recibido notificación de la intervención judicial que tiene en Uruguay”, dice el documento judicial. “Los demandantes creen que si alguno de los fondos o activos de los inversionistas está en Ontario, existe un riesgo grave de disipación una vez que el señor Aguiar tenga conocimiento de los procedimientos uruguayos”.
Mientras tanto en Salto, los trabajadores que en su momento denunciaron la situación por la que están atravesando ante el cierre de la empresa Boreal, que los dejó sin trabajo, señalaron a laguardia que Aguiar sería «uno de los posibles demandados ante la acusación de falta de fondos que ha alegado la empresa, para abonarles las prestaciones por créditos laborales que les están adeudando hasta el momento».
