La Junta Departamental de Salto aprobó el presupuesto quinquenal del Gobierno de Salto encabezado por el intendente, Carlos Albisu. La aprobación se dio con 20 votos en 31 ediles presentes en sala, los 18 de la Coalición Republicana y 2 del Frente Amplio, Nilda Díaz López que ya se declaró independiente antes de la votación del fideicomiso y el edil Eduardo Varela Minutti, ex jerarca del último gobierno de Andrés Lima.
Aunque lo que no hizo Varela Minutti, fue votar la derogación del artículo 38 que le da fuerza de ley departamental a los convenios colectivos. El Gobierno actual cuestionó que durante las dos últimas administraciones del Frente Amplio, encabezadas por Lima, se firmaron más de 20 convenios colectivos con el sindicato de ADEOMS, entre los cuales están los que avalaron la permanencia en la función de cientos de funcionarios que actualmente revisten carácter de presupuestados y también el que le había dado permanencia a los 291 cesados.
Ahora el Gobierno de Carlos Albisu cuenta con el presupuesto para empezar a ejecutar las políticas públicas ya definidas para su administración y cuenta con el respaldo de la mayoría de los ediles que integran la Junta Departamental de Salto. El presupuesto es la planificación propia del empleo de los recursos públicos con los que cuenta la Intendencia de Salto para ejecutar, gestionar y ejecutar los dineros en base al plan de trabajo del gobierno.
Por su parte, el Frente Amplio lanzó duras críticas al gobierno de Salto sosteniendo que mandató a sus ediles, no acompañar el plan de presupuesto, porque señala que el mismo crea 44 cargos de confianza política y habilita otros más, por un gasto en el quinquenio del orden de 13 millones de dólares. También se opuso a lo que consideran una «·eliminación» del convenio colectivo como herramienta.
En la misma sintonía está el sindicato de ADEOMS, cuestionando que la derogación del carácter de fuente derecho departamental, que tenían los convenios colectivos, genera solamente una «pérdida de derechos para el conjunto de los trabajadores». Y expresan su firme oposición a esa medida, así como también afirman que el presupuesto no beneficia a los funcionarios con aumentos salariales.
Mientras tanto, desde los ediles oficialistas entienden que se trata de «un presupuesto aprobado contempla las necesidades que tiene el departamento, un plan de obras serio y que atienden los problemas reales de la gente, y que además no se corre un centímetro de los compromisos asumidos con la población durante la campaña electoral».
Aunque la votación dentro del Frente Amplio lo que traduce es que las diferencias internas persisten y que motivarán sendas reuniones en esa fuerza política para tratar de dirimirlas.
Foto: Martín Cabrera