Remataban en Salto vasija guaraní de hace 300 años, hallada en el Daymán y el Estado la compró

La subasta de objetos antiguos, que tienen un relevante valor patrimonial motivó el involucramiento del Estado, a través de la Comisión Honoraria del Patrimonio Histórico de Salto y de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación.

Fue en un evento donde intentaron subastar una vasija de origen guaraní, con varios siglos de antigüedad, lo cual para evitar que caiga en manos de privados y haciendo uso de la ley habilitante para la intervención estatal, se produjo la misma adquiriendo dicha pieza.

La ley establece para estos casos donde se subastan objetos de interés nacional por su valor patrimonial y cultural que, igualando la última oferta, el Estado pueda adquirir el objeto en cuestión para quedar en propiedad del patrimonio nacional.

En las últimas horas, desde la Comisión Honoraria del Patrimonio Histórico de Salto remitieron una carta a laguardia donde dieron a conocer dicha situación.

LA CARTA

Hace ya unos días tomamos conocimiento a través de las redes sociales, de una subasta a realizarse en Salto, en la que, entre otras piezas, se anunciaba la disponibilidad de una vasija de origen guaraní, de 300 años de antigüedad, extraída de la zona del río Daymán.

La noticia generó alarma entre distintos actores sociales, no solo a nivel local, sino también nacional, dado que, objetos de esas características, completos y en buen estado de conservación, no resultan frecuentes. Si bien el pasado de las comunidades que originalmente habitaron la región sur del continente y en particular, el territorio oriental, está siendo revisado y reinterpretado a la luz de nuevos hallazgos arqueológicos y postulados teóricos, aún queda mucho por decir, y cada elemento que pueda echar luz o ampliar nuestros conocimientos al respecto, resulta absolutamente valioso.

La necesidad de preservar el legado indígena, como elemento constitutivo de nuestra identidad y patrimonio cultural, nos impulsa a creer que esta pieza debe estar a disposición de toda la población y no quedar limitada a una colección privada.

En nuestro país, la ley 14.040, de 1971, que crea la Comisión del Patrimonio, Histórico, Artístico y Cultural de la Nación, en su artículo 16, establece: En el caso de remate público, subasta o almoneda de objetos comprendidos en lo preceptuado por el artículo anterior[1], la reglamentación de esta ley fijará el
procedimiento a seguirse para que la Comisión tenga conocimiento previo de aquel acto.

El Estado tendrá preferencia para la adquisición, igualando la oferta más alta. Por tanto, si bien no existían herramientas legales para impedir el remate, sí cabía la posibilidad de obtener la vasija para integrarla al patrimonio del Estado. Así, la Comisión Honoraria de Patrimonio Histórico y Cultural de Salto, se puso en contacto con la Comisión Nacional, a fin de determinar los pasos a seguir, dado que, a pesar de estar profundamente comprometidos con éste y otros asuntos que atañen al patrimonio local, no contamos con los recursos e infraestructura suficientes como para actuar de forma autónoma.

Finalmente, a raíz de estas intervenciones, el Estado logró adquirir la pieza, por lo que, a partir de ahora, pasará a integrar el acervo de alguno de los museos especializados en la temática con los que cuenta nuestro país, haciendo posible no solamente su protección, sino también, el acercamiento de los uruguayos al conocimiento y valoración de su pasado.

Resulta ineludible, en este contexto, recordar la imperiosa necesidad de que toda la comunidad salteña, y en particular, los tomadores de decisiones, asuman un rol activo para revertir las condiciones actuales en las que se encuentran los Museos de nuestro departamento, especialmente el de Arqueología y Ciencias Naturales, que posee materiales de enorme relevancia y hoy está expuesto al deterioro y el olvido.

Instancias como ésta nos obligan a reflexionar acerca de las responsabilidades individuales en la conservación y difusión de nuestro patrimonio histórico y en la necesidad de dotar a las instituciones existentes de los recursos y normativa necesaria para actuar en su defensa.