(Información publicada por el Semanario Brecha)
La Justicia argentina procesó cuatro militares de ese país por secuestro y tortura de militantes del Partido Comunista Revolucionario de Uruguay en 1977.
Pero esta causa reveló que existieroon traslados clandestinos de presos políticos por el puente internacional de Salto Grande y estrechos vínculos entre los militares de Salto y Concordia.
Un militar uruguayo evitó ser juzgado por estar internado «con depresión en el Sanatorio Salto» y pidió ser declarado «incapaz».
La sentencia judicial confirma los traslados clandestinos cuando la represa aún esperaba inaugurarse.
LA PISTA DE CONCORDIA
La detención de un grupo de militantes del Partido Comunista Revolucionario (PCR) en Argentina, en 1977, no pasó desapercibida en Uruguay.
El Batallón de Infantería 7 de Salto recibió, casi en tiempo real, informes sobre lo que sucedía al otro lado del río Uruguay, en el Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados 6 de Concordia (Entre Ríos). El trasvase de información –que incluía una copia de interrogatorios y una lista del material incautado en allanamientos– suponía una parte de la estrecha vinculación entre ambas unidades militares, al influjo del Plan Cóndor.
Días atrás, la jueza Analía Graciela Ramponi (subrogante del Juzgado Federal número 1 de Concepción del Uruguay) dispuso el procesamiento de los militares argentinos Juan Alemán, Jorge Enrique Echeverría, Miguel Ángel Galeano y Horacio Alberto Goris por detención ilegal y torturas de ese grupo de uruguayos militantes del PCR. La sentencia –a la que accedió Brecha– revela detalles precisos de la coordinación entre los servicios represivos de ambos países y el interés de los militares uruguayos.
DETENCIÓN ILEGAL
Los uruguayos trabajaban como «quincheros» en Concordia, pero tuvieron diferencias con un cliente; éste los denunció y la Policía llegó al lugar, deteniendo a los trabajadores, entre ellos, Jesús Silverio Suárez Méndez. Eso ocurrió el 3 de julio de 1977. Un pedido de información librado por la jefatura determinó que este hombre estaba requerido por las autoridades uruguayas por integrar el comité central del PCR, una organización ilegalizada en noviembre de 1973 por el dictador Bordaberry.
La identificación de Suárez Méndez alteró todo, porque el trato hacia los uruguayos cambió drásticamente. En las horas posteriores fue detenida Brenda Levitz, cuñada de Jesús Silverio, junto con su hijo de 3 años y otros allegados al grupo, con o sin militancia política; el esposo de Levitz y hermano de Jesús Silverio, Luis Suárez Méndez, fue detenido en Uruguay junto con un ciudadano argentino y trasladado a Concordia. De la jefatura pasaron al regimiento, donde fueron torturados física y psicológicamente. Los apremios físicos consistían en golpes, plantones, submarino seco.
Los relatos en la sentencia sostienen que «en la tardecita o noche empezaban a aparecer» en Concordia los militares de Salto.
La delegación era encabezada por el mayor Waldemar Tarigo, hoy fallecido, y el capitán Ramón Prudencio Barboza, que oficiaba como S-2 (Inteligencia) en el Batallón de Infantería 7 de Salto. Los otros militares uruguayos que cruzaron el río no pudieron ser identificados; todos eran del batallón de Salto, presumiblemente, subalternos.
Jesús Suárez Méndez, en tanto, aseguró que el objetivo de los interrogatorios era obtener información sobre el paradero de otros integrantes del PCR. Los viajes de los oficiales del S-2 eran ordenados para buscar militantes comunistas uruguayos en Concordia.
LA PISTA URUGUAYA
La investigación de Concordia apuntó a la responsabilidad de militares uruguayos en el secuestro y la tortura de los militantes del PCR. En esa línea, la fiscal Minatta solicitó la declaración por exhorto y posterior extradición del coronel (r) Barboza, sindicado como partícipe de los interrogatorios en Argentina. Sin embargo, ninguna de estas opciones pudo concretarse. La situación quedó asentada en la sentencia argentina.
El fallo indica que Barboza fue citado a prestar declaración indagatoria en la modalidad de videoconferencia el 18 de agosto de 2022, pero que no compareció, tras presentar un certificado médico, «por encontrarse internado en el sanatorio Salto cursando una depresión». La fiscal pidió a las autoridades uruguayas que evalúen si el militar estaba en condiciones de prestar declaración indagatoria. La respuesta fue negativa, ya que Barboza fue declarado judicialmente como «incapaz» por el Juzgado Letrado de Séptimo Turno de Salto. Basada en esa sentencia, la Justicia uruguaya también rechazó su extradición, «por lo que a la fecha no ha podido ser indagado», dice la sentencia argentina.
Barboza no es un desconocido de la Justicia uruguaya. Su nombre fue mencionado en la denuncia penal presentada por una decena de militantes y exmilitantes del Partido Comunista de Uruguay por la violación de derechos humanos en el batallón salteño.
En esa causa, la Justicia condenó al médico militar Ricardo «Yuyo» Revetria como coautor de los delitos de abuso de autoridad, lesiones graves, privación de la libertad y tortura.
Una treintena de personas declararon haber sido víctimas de tortura en esa unidad militar: golpizas, plantones, caballete, submarino, picana eléctrica y colgamientos. Barboza fue indagado en esa causa, pero los recursos presentados por la defensa y su situación sanitaria impidieron avanzar en su imputación.