Al cumplirse los primeros seis meses de la actual administración, la Delegación del Uruguay ante
la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande presentó un balance que a juicio de la administración, «consolida un cambio de rumbo institucional basado en la eficiencia operativa».
Sostienen que este nuevo ciclo «se fundamenta en la implementación del Modelo de Gestión 2025-2030, una hoja de ruta que sintoniza al organismo con los principios de transparencia, austeridad y descentralización promovidos por el Poder Ejecutivo».
La Delegación del Uruguay reafirma «su compromiso con la gestión responsable al establecer
concursos públicos y competitivos como la única vía de acceso al organismo, marcando un
quiebre fundamental con el modelo de designaciones directas y discrecionales».
«Modelo de Gestión y con la única excepción de la Secretaría de la Delegación (cargo de
confianza a término), todos los ingresos se realizan mediante procesos transparentes que
garantizan la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del mérito de forma competitiva».
Señalaron que en este semestre, «se concretaron llamados para 5 puestos de Guardia de Seguridad, 1
Administrativo de la Delegación, 1 Coordinador/a de programa, 1 Encargado/a de Relaciones
Públicas y 1 Chofer de Relaciones Públicas».
Destacaron que «esta reorientación busca recuperar la credibilidad institucional tras el período 2020-2025, marcado por una alta exposición pública debido a prácticas discrecionales. Dichas acciones
incluyeron 35 designaciones directas que motivaron un pronunciamiento del Parlamento Nacional
y la renuncia del entonces presidente de la Delegación del Uruguay».
Sostienen que «en cumplimiento con las directivas parlamentarias de 2023, la Delegación no renovó los vínculos laborales de 15 funcionarios ingresados sin mecanismos de selección públicos durante la gestión previa; respecto a los 11 restantes que adquirieron estabilidad laboral en 2023, no se realizarán actuaciones».
Indicaron que también «se redujo la dotación de funcionarios de Delegación del Uruguay pasando de 28 a 17 personas, consolidando una estructura funcional bajo una administración austera y responsable».
Y afirmaron que «la meta actual es estabilizar la ejecución del Programa de Renovación (RSG), un plan de inversión de USD 960 millones indispensable para asegurar la continuidad operativa del complejo. Durante el XI Congreso LATAM Renovables, el Dr. Ing. Gonzalo Casaravilla destacó que este plan representa una verdadera «refundación» del Complejo Hidroeléctrico».