Tras reclamo de productores por traslado a la CHN, blancos piden extender plazo de exclusión
La polémica que ha despertado la decisión de la Intendencia de Salto de que no hubiera más mercados de comercialización de frutas y verduras que la Central Hortícola del Norte, cuya construcción finalizó a principios del 2023 pero que aún no ha sido ocupada ni puesta en funcionamiento, sigue su curso en la Junta Departamental de Salto con un enfrentamiento entre la oposición y el gobierno.
La Central Hortícola del Norte (CHN) fue un proyecto llevado a cabo entre las gremiales de productores, el Ministerio de Ganadería a través de la Junta Nacional de la Granja y la Intendencia de Salto.
Fue construida por la empresa constructora Blardoni, de Francisco Blardoni, y costó varios millones de dólares del erario público, pero hasta ahora no se ha logrado que la misma entre en funcionamiento. Aunque la comuna salteña ya emitió un decreto que apunta sobre todo contra el Mercado Regional que se encuentra en la calle Diego Lamas, para que los vendedores de frutas y verduras se nucleen en la flamante CHN, algo que ocasionó la resistencia de quienes se encuentran en el lugar porque se niegan a irse.
Mientras tanto, la Bancada de Ediles del Partido Nacional de Salto, emitió un comunicado donde si bien dicen que apoyan la instalación de la CHN como un espacio adecuado para la instalación del mercado local, no están de acuerdo con que la Intendencia tome una decisión que según dicen, se adelanta en el tiempo y vulnera derechos.
En el comunicado, los ediles blancos señalan que: «en noviembre del 2023 la Junta Departamental de Salto aprobó por unanimidad el decreto 7572/2023, el cual establece una nueva fecha para la entrada en vigencia de la zona de exclusión para la comercialización de frutas, verduras, flores y miel en la Ciudad de Salto. El mismo adelantó 6 años el plazo establecido que decía que “Las actividades definidas para la Unidad Especial Parque Agroindustrial que se encuentren dentro de las Unidades Barriales al 1° de enero del 2030 serán clausuradas”, generando malestar y eventuales perjuicios en los operadores de frutas, hortalizas, flores, miel que se encuentran dentro del radio que delimitó la zona de exclusión».
Y advierten que «el objetivo político de este decreto fue incentivar el traslado de los operadores a la CHN y al Parque Agroindustrial».
Pero los blancos señalan que tras el anuncio de los operadores y distribuidores de frutas y verduras de medidas legales contra la Intendencia de Salto, algo que los blancos justifican y dicen que las mismas tienen posibilidades de llegar a buen puerto, «lo cual representaría un juicio millonario contra las precarias arcas departamentales; sumado desde la gobernanza de la propia CHN, señalan que la misma no está en condiciones de operar a marzo del 2024, se generará una situación jurídica que dejará a Salto sin lugares habilitados para la venta de frutas y verduras durante un extenso tiempo».
En virtud de la situación mencionada, los blancos entienden que «no se valoraron correctamente aspectos sobre las consecuencias legales de cambiar la reglas de Juego para los operadores locales, adelantando el plazo de la zona de exclusión de manera tempestiva por un lapso de 6 años y en un corto período para adaptarse, es que se plantea como única solución viable de extender el plazo a marzo del 2025, y además requerir el compromiso escrito, y debidamente suscrito, de todos los actores involucrados a los efectos de comprometer el traslado de los operadores y distribuidores hacia el parque agroalimentario, logrando un consenso acorde a la situación actual».
Lo que para los ediles del Partido Nacional de Salto, si bien reafirman su «compromiso con la Central Hortícola del Norte como modelo comercial y descentralizador de negocios necesario para el desarrollo regional, se destrabaría la difícil situación relacionada con la zona de exclusión y los operadores locales, evitando un juicio contra la Intendencia de Salto, para no perjudicar el patrimonio de todos los salteños».
Además plantean «reconocer y subsanar los errores legislativos cometidos por todos los Partidos y Actores Políticos. Aplicar la legislación cuando la CHN esté en plenas condiciones de operar, aunque la extensión del plazo no es excluyente a la operativa de la CHN, la que comenzará a operar cuando su gobernanza considere oportuno. Y cuidar la imagen del departamento como un destino de inversiones confiable, con reglas de juego claras, plena y sólida certeza jurídica».
Destacan por último que «como legisladores departamentales nos hacemos cargo de la situación generada, planteando una solución que contemple a todas las partes; apelamos a la buena voluntad y responsabilidad del Intendente y la Bancada oficialista para llevar adelante esta solución».
Aunque todo parece que la discusión seguirá en la Junta Departamental de Salto mientras los productores esperan.
