Intendencia y ADEOMS firmaron convenio colectivo por calificaciones de los funcionarios
La Intendencia de Salto y el gremio de trabajadores ADEOMS suscribieron el decimoquinto convenio colectivo en siete años, el quinto de adecuaciones escalafonarias y que ajusta el grado y la correspondiente retribución a la función que desempeña cada uno de los 630 contemplados en esta instancia.
El presidente del sindicato, Juan Carlos Gómez, destacó que desde 2015 avanzan en acuerdos bipartitos que naturalizan estos procesos dentro de la Intendencia de Salto, aunque “eso no significa que debamos olvidar las enormes dificultades que vivieron otros compañeros en otros tiempos para ser reconocidos en su derecho” y ejemplificó con casos de algunos trabajadores se jubilaban con grados 3 o 4 tras más de 30 años de función.
Del 2015 a la fecha son más de 2400 categorizaciones, lo que significa que algunos funcionarios pasaron dos o tres veces por este proceso, evaluando en cada instancia la función que estaban cumpliendo y si ésta se correspondía con el grado que ostentaban y la remuneración que percibían. “Hoy no existe un solo trabajador que tenga estabilidad laboral y que no haya pasado por un proceso de categorización… Esta realidad no existe en otra intendencia del país”, sentenció Gómez y resaltó que, hoy, más del 95% de los funcionarios de la Intendencia de Salto alcanzaron la efectividad laboral, siendo todos aquellos que ingresaron por sorteo o concurso y cumplieron el plazo de 18 meses iniciales en la función, mientras que un 70% de los trabajadores reviste calidad de presupuestado con el aliciente que, días atrás se aprobó en la Junta Departamental de Salto un paquete de vacantes presupuestales para que todo funcionario que tenga más de cuatro años en calidad de efectivo, obtenga la presupuestación.
El secretario general del gremio, Mario Martínez, destacó el trabajo de los delegados de cada sector en el diálogo, la negociación y el entendimiento a lo largo de todo el proceso. Por su parte, el asesor legal de la comuna, doctor César Sánchez, subrayó que, por decisión del Gobierno departamental y el intendente, está incluido en el Presupuesto Quinquenal que los convenios colectivos son ley en el departamento, esto significa que el trabajador de la Intendencia tiene la garantía que este convenio no puede ser derogado. “Los funcionarios de mayor antigüedad recordarán que en cada período de gobierno, al finalizar, era una repartida al barrer de grados según los colores políticos del gobierno de turno. Eso se terminó”.
Finalmente, el intendente Andrés Lima dijo que muchos gobiernos departamentales no quieren la negociación colectiva y en el Congreso de Intendentes no alcanzan las mayorías necesarias para impulsarlas a nivel nacional; pero eso no quiere decir que la Intendencia de Salto desviará su camino por otra senda que no sea la de alcanzar acuerdos y promover un buen ámbito laboral con todas las garantías que cada trabajador merece y necesita, contemplando cada situación de forma individual, independientemente del color político del gobierno de turno, planteando reglas claras para que el funcionario sepa de qué manera adquiere la efectividad y la presupuestación.
Este Presupuesto Quinquenal aprobado por los ediles del Legislativo departamental establece que, al realizarse la presupuestación cuatro años después de obtenida la efectividad, no ocurrirá dentro de un mismo período de gobierno, lo que hace que no exista dependencia política para la permanencia y seguridad de los trabajadores, señaló el intendente y vaticinó que, cuando termine el pago del Fideicomiso Daymán, que son 200 millones de pesos por año que podrían ser invertidos en obras, inversiones y salarios, los futuros intendentes tendrán una Intendencia con sus cuentas saneadas gracias a una correcta administración de los fondos públicos y las finanzas internas. Para el año 2025, la comuna habrá pagado la 9ª cuota de 15 destinadas “al pago de deudas que nos dejaron otras administraciones…”.
El doctor Lima añadió que “en un país donde la inmensa mayoría de los trabajadores ha tenido pérdida de salario real, donde en los últimos dos años y medio los precios de los productos que integran la canasta básica han crecido un 21% y los salarios de los trabajadores, de la inmensa mayoría, sólo han crecido un 8% (casi la tercera parte); eso es pérdida real de salario, pérdida de la calidad de vida; y en la Intendencia, con el ajuste cuatrimestral del salario que se hace por IPC, eso no pasa”.
