CERES y lo que pasará con el país y el Estado durante el año electoral
En la exposición de Munyo, se destacó el progreso en la sostenibilidad ambiental en la producción de energía a partir de fuentes renovables y en la reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero.
Sin embargo, no se observa el mismo avance en la gestión de residuos plásticos, área en la que aún queda mucho por hacer.
La eficacia del Estado
El director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), Ignacio Munyo, expresó que la dificultad del modelo uruguayo no reside en la orientación, sino en la velocidad. En sus palabras, “el Estado no es operativo para salir de la inercia en la que estamos”.
Según evidencia de recientes estudios internacionales, Uruguay se enfrenta al desafío de mejorar la calidad, la confianza y la efectividad de sus normativas gubernamentales, lo cual Munyo describió como las prácticas de un “buen gobierno”.
Para superar los obstáculos, el director ejecutivo de CERES ve con optimismo la actual reforma del Estado en marcha, la cual busca mejorar los incentivos a través de cambios en la carrera administrativa. No obstante, advirtió que estos cambios serán lentos, ya que no son fáciles de implementar.
En la misma línea, hizo alusión al proyecto de ley aprobado en Diputados que busca mejorar la coordinación y el ordenamiento de las políticas públicas dirigidas a la atención de la primera infancia, niñez y adolescencia.
Con el objetivo de abordar los problemas del Estado, Munyo propuso el plan «100 orientales», que establece puestos gerenciales profesionales para mejorar la eficacia de la administración pública. Esta medida ayudaría a superar las deficiencias estatales en la implementación de políticas.
“Es hora de avanzar en la calidad de un Estado que ayude, impulse, trate a las personas con justicia y dignidad, pero que jamás sustituya a la sociedad en la toma de decisiones”, afirmó.
Una espada de Damocles
En el cierre de su intervención, el director ejecutivo de CERES expresó a los empresarios su profunda preocupación respecto al contenido del plebiscito promovido por el PIT-CNT, que busca incorporar en la Constitución la estatización del sistema previsional actual.
De aprobarse, advirtió, supone “un enorme problema que complica toda la agenda de desarrollo”. “Va a contramano del desarrollo”, añadió.
Munyo advirtió al auditorio acerca de 10 consecuencias negativas que podrían surgir para el país en caso de que se logren reunir las firmas necesarias (280.000 del padrón electoral) para convocar a un plebiscito y posteriormente sea aprobada la consulta popular:
Suba del gasto por mayores pasividades.
Aumento del gasto por la baja de la edad de retiro. Posibles juicios al estado. Aumento de impuestos. Marcha atrás a la unificación de las cajas estatales y paraestatales. Efectos regresivos en la distribución del ingreso. Reducción del ahorro privado. Riesgo cierto de perder el grado de inversión. Daño a la seguridad política. Perjudica la agenda del desarrollo que necesita el país.
