Por: Dr. Alessander Tironi
Los recientes acontecimientos en el Departamento de Salto nos plantean esta interrogante. La Gestión Integral de Riesgos de Desastres es un tema relativamente nuevo en nuestro país, tanto, que no existe oferta académica que cubra esta necesidad.
Entonces quedan solo dos opciones, o se adquiere experiencia y formación en el extranjero, o se aprende sobre la marcha. Esta última opción resulta siempre la más riesgosa, porque sin lugar a dudas, si se registran fallas a nivel gerencial, las consecuencias serán asumidas por los escalones más bajos de la estructura, para este caso las personas afectadas y quienes deben asumir las tareas de respuesta/rehabilitación/reconstrucción.
Categorizar correctamente los eventos no solo refiere a aspectos semánticos; en sí mismo define cómo habrá que posicionarse frente a ellos. Humildemente, no nos cabe ninguna duda de que lo ocurrido fue un
Desastre y no una Emergencia.
Es claro el texto de la Ley 18.621 de 25 de octubre de 2009, en su artículo 4, incisos IX y X y su Decreto Reglamentario para poder encontrar la explicación; “… sobrepasando la capacidad normal de respuesta local y eficaz ante sus consecuencias”.
Llevado a un lenguaje sencillo, dice la norma: si el evento puede ser manejado con los recursos locales, tanto humanos como logísticos, se trata de una emergencia. Si estas capacidades son sobrepasadas, como claramente
ocurrió, se trata de un desastre.
La presencia en territorio nada menos que del Presidente de la República, del Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca y la participación durante varios días del Director Nacional del Sinae (Sistema Nacional de Emergencias), por sí mismas ya indicaban que el nivel de emergencia estaba superado.