Ministra de Vivienda quiere bajar costo de la vivienda social, porque algunas salieron 100 mil dólares
La ministra de Vivienda Irene Moreira llegó a Salto este viernes, junto al número dos de la cartera Tabaré Hackenbruch, y otras autoridades, para acordar con la Intendencia local varios temas, entre ellos el de culminar las obras del Plan de Mejoramiento Barrial para el barrio Artigas donde fueron realojadas las personas afectadas por las inundaciones del río Uruguay.
En la tarde del viernes, la secretaria de Estado recorrió algunos barrios de la ciudad salteña con el Intendente Andrés Lima, donde analizaron varios aspectos que hacen a las políticas del sector.
Moreira habló además de otros temas que son reclamos de las últimas horas, como la tasa del 2% de los préstamos para cooperativas que están en etapa de construcción y por lo cual la Federación Uruguaya de Cooperativa de Viviendas por Ayuda Mutua (Fucvam) había estado haciendo movilizaciones en las últimas horas.
Además, la ministra y el subsecretario, afirmaron en una rueda de prensa con medios locales que en ese sentido «estamos analizando esa posibilidad de tener la tasa que reclaman las cooperativas, para esta administración es muy importante lo que ellos plantean y nosotros hemos sido un ministerio de puertas abiertas, a lo largo y ancho del país nos hemos reunido con todas las federaciones de cooperativas de viviendas, y con otras organizaciones que también reclaman porque debemos gobernar para todos los uruguayos y tenerlos en cuenta a todos».
Irene Moreira señaló que en diciembre se harán los sorteos que han sido postergados a las cooperativas de todo el país para avanzar en el proceso de construcción y afirmaron que están «muy interesados en bajar el costo del metro cuadrado de la vivienda social, ya que la Auditoría Interna de la Nación nos informó que se están construyendo viviendas cuyos costos superan los 100 mil dólares y eso no tiene carácter social».
Señaló en ese sentido, que el Ministerio de Vivienda a través del Certificado de Ingreso al Registro (CIR) pretende homologar otros sistemas constructivos más económicos.
Aunque de prosperar esa propuesta, podría generar un enfrentamiento con el sindicato de la construcción, SUNCA, que no está de acuerdo con esos sistemas de construcción, porque pueden hacer perder mano de obra al sector.