Conformarían red de damnificados por estafas en cuentas bancarias y analizan demandar al Banco

Luego que Laguardia diera a conocer el caso de Sirley Requelme, la funcionaria judicial de Salto que fue estafada a través del hackeo de su cuenta personal en el Banco Repùblica, varios casos fueron denunciados en las últimas horas y solicitaron salir a luz para lograr frenar una serie de maniobras delictivas que han generado perjuicios económicos en muchas personas de todo el país.

En tal sentido, Laguardia entrevistó al abogado Gabriel Cartagena, especialista en Derecho Informático y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en Salto, quien argumentó cómo ocurren este tipo de maniobras que muchas veces dejan a las víctimas sin la protección debida.

«Los sistemas bancarios son seguros, los problemas pasan porque el uso de la tecnología lleva a las víctimas ocurren este tipo de maniobras que muchas veces dejan a las víctimas sin la protección debida.

«Los sistemas bancarios son seguros, los problemas pasan porque el uso de la tecnología lleva a las víctimas a cometer errores involuntarios, que los dejan expuestos ante estas situaciones», explicó.

Pero entre las varias denuncias que hemos recibido con respecto a más casos de esta naturaleza, fuentes de los damnificados manifestaron a Laguardia, que están conformando un movimiento a nivel nacional con las personas afectadas, con la finalidad de analizar una posible demanda global al Banco de la república, por no ofrecer respuestas a las personas cuyas cuentas son vaciadas por terceros sin su consentimiento y después no encuentran respuesta alguna de la entidad de intermediación financiera.

«Estamos haciendo una red de contactos con los que fuimos afectados por este tipo de maniobras delictivas, entre los que somos profesionales, comerciantes, empleados públicos, en fin, de todos los rubros y de todo el país, para exigirle al Banco República una respuesta clara sobre este tipo de casos, porque los delincuentes entran a nuestras cuentas, las vacían y nadie se hace cargo», afirmó una de las personas damnificadas en 120 mil pesos uruguayos, que es de Salto y que pretende armar una red de víctimas a nivel nacional.

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